Por Luis Martínez Alcántara
El Congreso de la Ciudad de México aprobó recientemente una reforma para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entre los nuevos delitos incluidos destacan la extorsión, el contrabando, el uso de comprobantes fiscales falsos, y la distribución de sustancias relacionadas con la producción de fentanilo y otras drogas sintéticas. Estos se suman a otros delitos ya contemplados, como feminicidio y trata de personas.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que obliga a privar de libertad a los acusados de ciertos delitos sin necesidad de un análisis previo por parte del juez. Según los legisladores que apoyaron la reforma, esta ampliación busca combatir la impunidad en crímenes que afectan gravemente la seguridad pública, aunque algunos expertos han señalado que podría vulnerar derechos humanos y la presunción de inocencia.
Durante el debate, se excluyeron de la lista final delitos como narcomenudeo y defraudación fiscal, argumentando la necesidad de enfoques sociales para el primero y acuerdos con sectores económicos para el segundo. La inclusión de los delitos relacionados con drogas sintéticas responde a la creciente crisis causada por estas sustancias en México.
Críticos de la reforma, incluyendo legisladores de oposición, han señalado que estas medidas podrían ser impugnadas por organismos internacionales. Además, argumentan que la prisión preventiva debería ser la última instancia y no una medida automática, ya que se corre el riesgo de encarcelar personas inocentes antes de un juicio justo.
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