diciembre 5, 2024
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Por Luis Martínez Alcántara

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó varios decretos constitucionales en el marco de su conferencia matutina. Estas reformas, que ya fueron avaladas tanto por el Congreso de la Unión como por los congresos locales, serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrarán en vigor a partir del 3 de diciembre. 

Explicó que estos avances representan pasos significativos en la reconstrucción de la Constitución, orientados a garantizar mayor justicia social y derechos fundamentales.

Entre los decretos promulgados destacan varios de gran relevancia social. Se oficializó el derecho a la Pensión para Adultos Mayores a partir de los 65 años y la Pensión para Personas con Discapacidad. Asimismo, se firmaron decretos destinados a la protección de los animales y un programa de vivienda que tiene como meta la construcción de un millón de casas para trabajadores. Adicionalmente, se estableció la creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que aunque no es una reforma constitucional, representa un proyecto educativo clave impulsado por el gobierno federal.

Por otra parte En los últimos tres meses, el Congreso mexicano ha avanzado en el cumplimiento del llamado “plan C”, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el inicio de la Legislatura el pasado 1 de septiembre, se aprobaron 11 de las 20 reformas presentadas en febrero, logrando concretar el 55% del plan.

Estas reformas fueron posibles gracias a la mayoría calificada que Morena y sus aliados obtuvieron desde el 2 de junio. Entre las modificaciones aprobadas destacan aquellas relacionadas con el Poder Judicial, el retorno de la CFE y Pemex como empresas públicas, la consolidación de la Guardia Nacional y cambios en el transporte ferroviario. De estas, cinco ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mientras otras tres esperan entrar en vigor.

Sin embargo, aún quedan pendientes importantes. Dos reformas están a la espera de su declaratoria de validez tras finalizar su recorrido por los Congresos estatales, mientras que una más, relacionada con el aumento de salarios mínimos, permanece congelada. Aunque esta última ya fue validada a nivel estatal, los legisladores federales no han declarado su constitucionalidad, frenando su implementación.

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