Por Redacción
Secretaría De Gobernación (Ciudad De México, Según Múltiples Fuentes), 15 de marzo de 2026.- La coalición oficialista conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció un acuerdo para impulsar el denominado Plan B de Reforma Electoral, una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfocada en la “austeridad republicana” que, según estimaciones, generaría un ahorro de 4,000 millones de pesos al reducir privilegios y costos en el sistema político. El pacto, fraguado tras negociaciones lideradas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue anunciado en la madrugada del 14 de marzo, aunque durante el día surgieron declaraciones contradictorias sobre su conclusión definitiva.
El senador Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara Alta, afirmó al salir de la Secretaría de Gobernación que ya existía “un acuerdo muy perfilado” y que estaba “concluido”, a la espera de que la dependencia lo hiciera público. Horas más tarde, el diputado federal Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, matizó esa versión al señalar que “todavía no hay acuerdo con PT y PVEM para Plan B”, aunque reconoció una “buena actitud” y una “intención política correcta” por parte de los aliados.
Pese a la aparente discrepancia en el tono, los senadores de los tres partidos emitieron un comunicado conjunto respaldando el Plan B “propuesto por la presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo”. Por su parte, el PVEM, a través de un comunicado separado, destacó coincidencias con la iniciativa en puntos como destinar los ahorros a programas sociales, terminar con privilegios en el uso de dinero público, disminuir presupuestos en congresos locales, establecer topes máximos en sueldos de legislativos estatales y reducir el número de regidores en cabildos municipales.
La presidenta Sheinbaum, consultada sobre el respaldo de sus aliados, declaró el 14 de marzo: “Vamos a ver cómo responden”, y adelantó que la Secretaría de Gobernación estaba “armando y terminando la propuesta” para enviarla al Congreso la próxima semana. El Plan B surge después de que la primera iniciativa de reforma electoral de la mandataria fuera rechazada, en parte, por la falta de apoyo del PT y el PVEM en la Cámara de Diputados, lo que obligó a reformular la propuesta hacia un enfoque más centrado en la reducción de costos y alejado de cambios profundos al Instituto Nacional Electoral (INE).
El respaldo al Plan B también fue expresado por los diputados locales de Morena en los 32 congresos estatales, quienes mediante un desplegado publicado el 14 de marzo manifestaron su acompañamiento a la propuesta para “terminar con privilegios y reducir los altos costos de la política mexicana”. La iniciativa se enmarca en la política de austeridad que ha caracterizado al gobierno de la Cuarta Transformación y busca capitalizar el descontento ciudadano hacia los gastos suntuarios de la clase política, aunque aún se desconocen los detalles específicos de los topes presupuestales y los límites a regidores que plantea.
Con el acuerdo de la coalición, el gobierno federal busca asegurar los votos necesarios para aprobar la reforma en ambas cámaras del Congreso de la Unión, donde Morena y sus aliados mantienen mayoría. La expectativa ahora se centra en el texto final que la Secretaría de Gobernación enviará formalmente al Poder Legislativo en los próximos días, el cual definirá el alcance concreto de los recortes y las nuevas reglas de financiamiento y operación para los órganos políticos a nivel local y municipal.
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