Por Redacción
Morón, Cuba, 15 de marzo de 2026.- Al menos cinco personas fueron detenidas en la localidad cubana de Morón tras protestas nocturnas motivadas por prolongados apagones y falta de alimentos, que incluyeron cacerolazos, lanzamiento de piedras y una hoguera frente a la sede del Partido Comunista. El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que las quejas de la población son “comprensibles y legítimas”, pero advirtió que “para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”.
Los incidentes ocurrieron la noche del 14 de marzo, cuando residentes, frustrados por los cortes eléctricos y la escasez, salieron a las calles con linternas de sus teléfonos móviles. Según testimonios recogidos, los manifestantes ingresaron al inmueble del Partido Comunista en la localidad y realizaron una quema simbólica de objetos, descrita por algunos como “tiraron a la hoguera el comunismo”.
El medio oficial Invasor reportó las cinco detenciones por lo que calificó como incidentes violentos, aunque no se ha proporcionado un número oficial total de detenidos ni detalles sobre posibles heridos. Las autoridades, a través del Ministerio del Interior, no han confirmado si hubo disparos durante la movilización.
En un gesto de respuesta y control, al día siguiente de las protestas el gobierno organizó un acto patriótico con militantes en el mismo lugar donde ocurrieron los disturbios, buscando reafirmar su presencia y mensaje en la zona.
Las protestas en Morón reflejan un malestar social recurrente en Cuba, donde la población enfrenta una severa crisis económica que se manifiesta en interrupciones constantes del servicio eléctrico y desabasto de productos básicos. Si bien el gobierno ha intentado canalizar el descontento a través de mecanismos oficiales, episodios como este muestran la persistencia de la tensión.
La postura oficial, que simultáneamente valida el derecho a quejarse y criminaliza los actos de protesta que considera violentos, deja un margen ambiguo sobre los límites de la disidencia pacífica en la isla. La situación pone a prueba la capacidad del gobierno para gestionar la crisis sin recurrir a la represión abierta, en un contexto donde las carencias materiales siguen siendo el principal detonante del descontento popular.
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