Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes una nueva iniciativa de reforma electoral, denominada “Plan B”, que busca reducir el presupuesto de los congresos locales y los ayuntamientos para reorientar los recursos ahorrados hacia obras públicas. La propuesta, que será enviada al Congreso de la Unión, surge después de que una reforma más ambiciosa (Plan A) fuera rechazada la semana pasada por sus propios aliados en la Cámara de Diputados.
El anuncio se realizó durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional. Sheinbaum explicó que el objetivo central es “disminuir privilegios” en los legislativos estatales y municipales, aunque dejó fuera de esta versión recortada los cambios al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al financiamiento de los partidos políticos federales, puntos que sí contenía la iniciativa fallida.
Según datos citados en el análisis de la propuesta, el costo por legislador en algunos estados es elevado, como en Baja California, donde asciende a 34.8 millones de pesos, o en Colima, con 5.1 millones. La iniciativa prevé un ahorro aproximado de 4,000 millones de pesos al reducir el número de diputados locales y regidores, así como sus gastos operativos. Sheinbaum señaló que estos recursos se “etiquetarían” para destinarse a infraestructura y servicios públicos, aunque no detalló el mecanismo legal para ello.
El Plan B llega en un contexto político complejo. El 11 de marzo, el PT y el PVEM, aliados de Morena en la coalición gobernante, votaron mayoritariamente en contra del Plan A, lo que evidenció fisuras al interior del bloque oficialista. La nueva propuesta, al ser una reforma constitucional, requerirá ser aprobada no solo por el Congreso federal, sino también por al menos 17 congresos locales, un proceso que se anticipa complicado.
Analistas políticos han señalado que, al enfocarse en legislativos estatales y municipios, el gobierno federal busca presionar a las oposiciones locales y reactivar una agenda de austeridad que fue bandera al inicio de la administración. Sin embargo, la falta de consenso incluso entre sus aliados pone en duda la viabilidad de la iniciativa. El envío formal al Congreso está previsto para el martes 17 de marzo, donde comenzará su discusión en medio de un panorama legislativo fragmentado.
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