Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició un paro nacional de 72 horas con movilizaciones en seis estados y una marcha central en la capital, lo que provocó el despliegue de un operativo de seguridad con vallas metálicas de 2.5 metros de altura alrededor de Palacio Nacional. El movimiento, que incluye un plantón hasta el 20 de marzo, exige mejoras laborales y la abrogación de la reforma educativa, medio año después de un plantón de 24 días que terminó con ruptura del diálogo gubernamental.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX instaló las vallas preventivas desde la noche del 16 de marzo, anticipando la marcha programada desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Además de la movilización principal, la CNTE confirmó protestas en Chetumal, Tuxtla Gutiérrez, Chilpancingo, Valladolid, Mérida y Tijuana, aunque no precisó el número estimado de participantes.
El paro se produce a pesar del aumento salarial del 9% anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en junio de 2025, tras el anterior plantón que duró 24 días y que incluyó enfrentamientos violentos con autoridades. La CNTE mantiene su rechazo a la reforma educativa y exige negociaciones directas con el gobierno federal, que hasta el momento no ha emitido una respuesta oficial a las demandas actuales.
Las autoridades capitalinas alertaron sobre afectaciones viales en el centro histórico durante los tres días de protesta, recomendando a la ciudadanía utilizar rutas alternas y mantenerse informada a través de canales oficiales. El operativo de seguridad incluye vigilancia en puntos estratégicos para prevenir incidentes como los registrados en protestas anteriores.
Este movimiento marca un nuevo capítulo en el conflicto entre el magisterio disidente y el gobierno federal, que en 2025 vio una de las movilizaciones más prolongadas de los últimos años. Analistas prevén que la CNTE buscará presionar para reabrir mesas de diálogo, mientras el gobierno enfrenta el desafío de balancear la seguridad pública con el derecho a la protesta.
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