Por Redacción
La Nación (Scjn), 17 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza por tercera vez el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama para resolver una contradicción de criterios sobre el cálculo de indemnizaciones civiles por muerte, donde se debate si debe usarse la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o el salario mínimo como base, lo que impacta directamente el monto que reciben las familias de las víctimas. El caso deriva de una denuncia presentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que identificó posturas opuestas entre las extintas salas de la Corte: en marzo de 2024, la Primera Sala resolvió que la indemnización puede calcularse con base en salarios mínimos para compensar el lucro cesante, mientras que en julio del mismo año la Segunda Sala determinó que es constitucional usar la UMA para el mismo fin.
La diferencia económica entre ambos métodos es significativa. Para 2026, el salario mínimo diario es de $315.04 pesos mexicanos, mientras que la UMA diaria equivale a $117.31 pesos. Esto representa una variación de aproximadamente 169% en el cálculo base de las indemnizaciones, lo que se traduce en montos finales sustancialmente distintos para los afectados.
El proyecto de la ministra Batres busca establecer un criterio unificado que resuelva esta contradicción jurisprudencial, garantizando certidumbre jurídica en los procesos civiles por fallecimiento. La discusión en el pleno de la SCJN se ha programado en múltiples ocasiones sin llegar a una resolución definitiva, reflejando la complejidad y sensibilidad del tema.
Organizaciones de derechos humanos y asociaciones civiles han seguido de cerca el proceso, destacando que la decisión afectará directamente el acceso a la justicia y la reparación del daño para familias en situación de vulnerabilidad. El resultado de esta votación sentará un precedente crucial para futuros casos de responsabilidad civil y establecerá el parámetro legal para calcular el valor de la vida humana en procesos judiciales.
El contexto de este debate se enmarca en la evolución de las unidades de medida en la legislación mexicana, donde la UMA remplazó al salario mínimo como referencia para multas, créditos y otros cálculos legales. Sin embargo, persiste la discusión sobre qué instrumento refleja mejor la pérdida económica real en casos de muerte, especialmente considerando las críticas sobre el insuficiente poder adquisitivo del salario mínimo en México.
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