Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incrementó las cotizaciones para la Modalidad 40, un esquema voluntario que permite a los trabajadores mejorar su pensión, al tiempo que el Senado de la República avanza en una iniciativa para ajustar las llamadas ‘pensiones doradas’ de exfuncionarios de confianza en organismos públicos descentralizados. Los cambios responden a la reforma a la Ley del Seguro Social de diciembre de 2020 y buscan la sostenibilidad financiera del sistema, aunque representan mayores costos para los cotizantes y recortes para beneficiarios de montos excesivos.
La Modalidad 40, que permite a trabajadores bajo la Ley del Seguro Social de 1973 completar semanas de cotización o mejorar el salario base de cálculo, tuvo un aumento en su tasa para 2026, llegando al 14.438%. Esto significa que un trabajador con salario máximo (25 Unidades de Medida y Actualización) pagaría aproximadamente 12,703 pesos mensuales. El incremento es parte de una escalada progresiva que alcanzaría el 18.8% para 2030, según proyecciones oficiales.
Por otro lado, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que el ajuste a las pensiones de alto monto aplicará específicamente para el personal de confianza de organismos públicos descentralizados y algunas sociedades nacionales de crédito. La medida busca eliminar privilegios en casos como el de un ex coordinador de Pemex que recibe mensualmente 1,107,361 pesos, o ex directivos de Luz y Fuerza del Centro con pensiones superiores al millón de pesos.
Paralelamente, el IMSS mantiene los beneficios para grupos vulnerables. La pensión de orfandad se otorga hasta los 16 años, extendiéndose hasta los 25 si el beneficiario estudia y no cotiza en el Seguro Social. Adultos mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) continúan teniendo acceso a consultas médicas gratuitas en instituciones públicas y algunas privadas con convenio.
Estos cambios se enmarcan en un esfuerzo broader por equilibrar las finanzas del sistema de pensiones mexicano, que enfrenta presiones demográficas y económicas. Mientras algunos trabajadores deberán aportar más para asegurar su jubilación, el gobierno busca corregir distorsiones en los beneficios de exfuncionarios, un tema que ha generado debate público sobre la equidad intergeneracional y la sostenibilidad de la seguridad social.
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