Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes en el Senado su reforma electoral denominada ‘Plan B’, que modifica la revocación de mandato para permitir su activación en cualquier momento y ajusta la integración de los gobiernos municipales. La propuesta, que fue enviada a la Cámara alta, busca reducir costos electorales y privilegios, según sus promotores, pero ha generado críticas por una omisión inicial sobre paridad de género y por el impacto financiero en los ayuntamientos.
La iniciativa constitucional, que llega tras el rechazo de una reforma más profunda (‘Plan A’), fue recibida por la senadora de Morena, Laura Itzel Castillo Juárez. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que el paquete busca generar ahorros y fortalecer la democracia participativa. Sin embargo, la propuesta original omitió la palabra ‘paritario’ al referirse a la integración de los cabildos, lo que generó señalamientos de que se pretendía acabar con la paridad de género. La Presidencia corrigió el texto, señalando que fue una omisión sin intención de prescindir de la disposición.
Entre los cambios centrales, se propone que la consulta de revocación de mandato, actualmente restringida a la mitad del periodo presidencial, pueda convocarse en cualquier momento y que coincida con las elecciones intermedias para reducir gastos. Además, se permitiría que el titular del Ejecutivo federal haga proselitismo durante el proceso. La oposición y analistas ven en este mecanismo una herramienta para dar ventaja electoral a Morena y a la presidenta Sheinbaum.
En el ámbito municipal, la reforma establece que el número de regidores por ayuntamiento oscilará entre 7 y 15, y limita el gasto de los congresos estatales al 0.7% del presupuesto de la entidad. No obstante, el crítico Elías Lixa señaló que en Yucatán, específicamente en Mérida, se reducirían 2 regidores, pero aumentarían en 221 en el interior del estado, contradiciendo el discurso de ahorro. No hay una réplica oficial a esta afirmación específica.
La iniciativa se presenta en un contexto donde la coalición gobernante cuenta con el apoyo prometido del Partido Verde y del PT, aunque no se especifica el número exacto de votos necesarios para su aprobación. La revocación de mandato fue incorporada a la Constitución en 2019 y ejercida por primera vez en 2022, cuando participaron 16.5 millones de personas (17.7% del padrón) y 15.159 millones (91.8%) votaron a favor de que Andrés Manuel López Obrador continuara en el cargo.
El debate sobre la reforma se enmarca en la discusión más amplia sobre el costo de la democracia y los mecanismos de participación ciudadana. Los partidarios del gobierno argumentan que se fortalecen las herramientas de la ciudadanía para evaluar a sus gobernantes, mientras que la oposición advierte sobre el riesgo de utilizar procesos plebiscitarios con fines políticos y electorales.
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