Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua, una medida promovida por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas como parte de su política de seguridad. La modificación, que elimina la prohibición expresa de penas perpetuas en el artículo 27 de la Constitución, fue respaldada por 61 diputados, incluyendo 59 oficialistas y aliados, además de dos legisladores de oposición, en medio de un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años y crecientes acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
La reforma se enmarca en la estrategia de “guerra contra las pandillas” del gobierno de Bukele, que ha sido elogiada localmente por reducir la violencia pero criticada internacionalmente por presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró que las acciones del gobierno son “irreversibles”, aunque no especificó la fecha exacta de entrada en vigor de la enmienda constitucional ni los trámites legales pendientes.
La iniciativa llega en un contexto de presión internacional. Un informe reciente del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) vinculó las políticas de seguridad salvadoreñas, ejecutadas bajo el prolongado régimen de excepción, con posibles crímenes de lesa humanidad. Este reporte contrasta con la narrativa oficial que presenta la cadena perpetua como una herramienta legal necesaria para combatir a la delincuencia organizada y proteger a la población.
El presidente Bukele, quien se mantiene en el poder tras una controvertida reelección, defendió la reforma como un paso fundamental para garantizar la seguridad. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y algunos sectores de la oposición política salvadoreña han alertado que la medida podría consolidar un sistema penal draconiano y perpetuar abusos, alejándose de estándares internacionales en materia de rehabilitación y proporcionalidad de las penas.
La aprobación de la cadena perpetua marca un punto de inflexión en el sistema jurídico de El Salvador, un país cuya Constitución posguerra había sido diseñada para evitar penas consideradas crueles o inhumanas. El debate nacional queda polarizado entre quienes apoyan las medidas de mano dura y quienes ven un riesgo para el estado de derecho y las garantías individuales en un contexto de concentración de poder.
About The Author
