Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Un derrumbe durante trabajos de demolición en un inmueble de la colonia San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, provocó la muerte de tres trabajadores y dejó un sobreviviente, Ángel Miranda, lo que desató una controversia sobre responsabilidades entre autoridades y acciones legales de los afectados. El despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano fue contratado para representar al sobreviviente y a las familias de los fallecidos, quienes preparan demandas contra la empresa a cargo de los trabajos y contra el Gobierno de la Ciudad de México por presuntas irregularidades en la supervisión.
El accidente ocurrió el pasado 9 de marzo en el número 124 de San Antonio Abad. Según la investigación preliminar, la empresa encargada de la demolición operaba en el lugar, aunque su identidad no ha sido oficialmente revelada. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de tres trabajadores y el rescate de Ángel Miranda, quien fue trasladado a un hospital, aunque su estado de salud actual no se ha dado a conocer públicamente.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que su administración había solicitado inspecciones al Gobierno capitalino para verificar las condiciones de seguridad en el predio, pero que estas no se materializaron a tiempo. Por su parte, la dirigente del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, respaldó a la alcaldesa y acusó al Gobierno central de no atender 456 solicitudes de inspección pendientes desde octubre de 2025, lo que habría creado un vacío de supervisión.
El despacho legal que representa a las víctimas anunció que investigará posibles fallas en el proceso, incluyendo la presunta falta de una póliza de responsabilidad civil vigente por parte de la empresa y las fallas en la supervisión por parte de las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) mantiene una investigación abierta sobre el caso para determinar responsabilidades penales.
El incidente ha puesto en evidencia un conflicto de atribuciones entre el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc sobre quién tiene la facultad de verificar y autorizar las demoliciones. Además, existe una discrepancia sobre la aplicación de un ‘Acuerdo de Facilidades’ que, según algunas versiones, limitaría la capacidad de supervisión de la alcaldía. La alcaldía Cuauhtémoc reportó que, al momento del accidente, había al menos 17 inmuebles en proceso de demolición considerados en riesgo por falta de verificación.
El caso se enmarca en un contexto de creciente presión por la seguridad en obras y demoliciones en la capital, donde la falta de claridad en los procedimientos y la saturación de solicitudes de inspección podrían estar contribuyendo a crear condiciones de riesgo para los trabajadores. Las acciones legales emprendidas podrían sentar un precedente sobre la responsabilidad compartida entre contratistas y autoridades en este tipo de tragedias.
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