Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades locales implementan tandeos y proyectos de rehabilitación de infraestructura ante una sequía persistente, mientras enfrentan denuncias públicas de corrupción por parte de ejidatarios en San Luis Potosí. La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la capital anunció interrupciones parciales en algunas zonas para una distribución más equitativa, en un contexto donde el Sistema Cutzamala reporta más del 80% de almacenamiento. Paralelamente, en Gómez Palacio, Durango, se licita una obra de más de 500 millones de pesos.
Las medidas técnicas contrastan con las acusaciones de habitantes del ejido San Antonio de los Bravos, en San Luis Potosí, quienes denuncian tráfico de influencias y corrupción al interior de Conagua. Los ejidatarios aseguran que la dependencia federal ha favorecido de manera irregular a un comité alterno para el manejo del agua, ignorando al órgano legítimamente constituido. Esta situación revela una fractura en la gobernanza del recurso a nivel comunitario.
En respuesta a la crisis de infraestructura, el gobierno de San Luis Potosí instaló un Consejo Técnico Consultivo del Agua, con el objetivo declarado de fortalecer la gestión hídrica estatal. Mientras, en el norte del país, el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio convocó a una licitación pública para rehabilitar el emisor central y el colector San Ignacio, obra que involucra tuberías de 72 y 60 pulgadas de diámetro.
El panorama nacional del agua sigue siendo complejo. Aunque se registra una recuperación parcial en 2026, el año anterior cerró con sequía de moderada a severa en aproximadamente el 16% del territorio mexicano. Esta condición climática ha exacerbado la presión sobre una infraestructura hídrica envejecida y ha puesto sobre la mesa la urgencia de inversiones sustanciales, como la planeada en Durango.
Las autoridades capitalinas no han especificado un cronograma detallado de los cortes programados ni los nombres de las colonias afectadas, lo que genera incertidumbre entre la población. Tampoco hay información pública sobre investigaciones formales respecto a las denuncias de corrupción en San Luis Potosí, dejando un vacío sobre la resolución del conflicto ejidal.
La gestión del agua en México se debate así entre la necesidad técnica de modernizar infraestructura y distribuir equitativamente un recurso escaso, y las recurrentes acusaciones de opacidad y malas prácticas dentro de las instituciones responsables, un desafío que parece lejos de resolverse.
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