Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La reforma electoral conocida como Plan B avanza en el Congreso de la Unión con el respaldo decisivo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyo grupo parlamentario en el Senado confirmó que 13 de sus 14 legisladores votarán a favor de la iniciativa. La modificación constitucional tiene como objetivos centrales la reducción del gasto electoral, la armonización de leyes locales y la habilitación del mecanismo de revocación de mandato para el año 2027, proceso que podría consolidar la ratificación del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Manuel Velasco Coello, líder senatorial del PVEM, destacó la convergencia entre su fuerza política y el proyecto del ejecutivo federal, señalando que la reforma representa un ahorro significativo para las arcas públicas mediante la eliminación de gastos superfluos en procesos comicios. Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de Morena, celebró la alianza como un paso firme para concluir la transformación del sistema político, enfatizando que la reducción de regidores y la limitación del gasto en congresos locales al 0.7% del presupuesto estatal son medidas de austeridad republicana.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura de respaldo a la reforma, argumentando que los cambios permiten una mayor participación ciudadana y optimizan los recursos democráticos. Entre los puntos más relevantes del Plan B destaca la modificación a la Ley de Revocación de Mandato, la cual permitirá que el proceso se realice durante el sexenio actual y establece que el titular del Ejecutivo pueda pronunciarse durante la campaña, un cambio sustancial respecto a la legislación anterior que buscaba blindar al presidente en turno.
En paralelo a la discusión legislativa, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en un movimiento que el oficialismo interpreta como necesario para renovar la autoridad electoral. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, confirmó que la agenda legislativa priorizará la votación final de este paquete de reformas en los próximos días, aunque no se ha especificado la fecha exacta del cierre de la discusión.
El impacto de la reforma ya se extiende a los estados, donde gobernadores aliados comienzan a ajustar sus marcos jurídicos locales. Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, anunció que presentará una iniciativa local para armonizar la legislación potosina con los nuevos preceptos fedales, especialmente en lo concerniente a la reducción de cargos de elección popular y gastos operativos. Ulises Mejía Haro, diputado federal, subrayó que la coordinación entre los poderes de la unión y los ejecutivos estatales es clave para la implementación efectiva del nuevo modelo electoral.
La oposición, representada parcialmente por figuras como Elías Lixa del PAN, ha cuestionado los tiempos y la profundidad de los cambios, aunque la mayoría calificada alcanzada con el apoyo verde parece garantizar la aprobación del Plan B. Con esta configuración de fuerzas, el gobierno federal busca asegurar las condiciones institucionales para el proceso de ratificación de 2027, donde se proyecta alcanzar un 80% de apoyo popular para la continuidad del proyecto encabezado por Sheinbaum.
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