Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales de la institución por presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones, centradas en el proyecto de parques memoriales como Balam Tun, señalan el uso de maquinaria pesada y explosivos que habrían afectado más de 62,000 estructuras mayas no recuperadas hasta la fecha.
Los denunciantes, miembros de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, apuntan directamente contra Diego Prieto, exdirector del INAH, así como contra Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo, y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. Según los investigadores, las acciones se realizaron bajo el argumento de proyectos de desarrollo, lo que califican como un crimen de lesa arqueología.
Fernando Cortés de Brasdefer, arqueólogo del INAH, proporcionó cifras alarmantes sobre el impacto: se estima que más de 62,000 estructuras de la cultura maya no han sido recuperadas adecuadamente. Además, se reporta que 47 monumentos en el proyecto de Chetumal fueron supuestamente restaurados de manera cuestionable, mientras que 36 monumentos en el parque Balam Tun fueron reubicados y desmantelados para ser recombinados, una práctica que los expertos consideran una alteración irreversible del contexto histórico.
Las contradicciones en los reportes iniciales sugieren una escalada en la formalización de las quejas; mientras que inicialmente se hablaba de la preparación de denuncias por destrucción, la información más reciente indica que los especialistas procederán a presentarlas formalmente ante las autoridades competentes en los próximos días. El conflicto interno en el INAH destaca la tensión entre la preservación del patrimonio y las exigencias de los grandes proyectos de infraestructura del gobierno federal.
El parque Balam Tun, ubicado en la región de Campeche y Xpujil, se ha convertido en el epicentro de la controversia. Los arqueólogos denuncian que piezas monumentales fueron movidas y mezcladas sin seguir los protocolos científicos establecidos, lo que podría derivar en sanciones legales severas si se comprueba la negligencia o el dolo en los procedimientos de salvamento. La comunidad académica exige una verificación independiente de los sitios afectados y la publicación de los informes técnicos que respalden o refuten estas acusaciones.
Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta oficial por parte de los funcionarios señalados ni de la dirección general del INAH. La expectativa es que la presentación de las denuncias marque el inicio de un proceso legal que podría determinar el futuro de la gestión arqueológica en México y establecer precedentes sobre la responsabilidad penal en casos de daño al patrimonio cultural.
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