marzo 20, 2026
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Por Redacción

Brooklyn, 19 de marzo de 2026.- El juez federal Frederic Block fijó este jueves el 8 de marzo de 2027 como la fecha para el inicio del juicio contra Rafael Caro Quintero en Estados Unidos, donde el fundador del extinto Cártel de Guadalajara enfrenta cargos por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985, así como por narcotráfico y crimen organizado.

La decisión fue anunciada durante una audiencia celebrada en la mañana de este jueves en el Distrito Este de Nueva York, donde también se confirmó que la próxima diligencia procesal está programada para el 17 de junio de 2026. Caro Quintero, de 73 años de edad, fue transferido a territorio estadounidense en febrero de 2025 junto con otros 28 integrantes del crimen organizado, según reportes de la fiscalía.

El acusado permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn bajo Medidas Administrativas Especiales (SAM), que incluyen 23 horas de aislamiento diario en una celda de 3.3 metros cuadrados. Aunque se descartó la aplicación de la pena de muerte para este caso, la defensa y la fiscalía debaten sobre las implicaciones legales, pues el narcotraficante podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua si es declarado culpable.

Existen discrepancias en los reportes respecto al equipo legal que representa al detenido; mientras algunas fuentes identifican a Mark DeMarco como defensor, otras señalan a la abogada Elizabeth Macedonio. Asimismo, la fiscalía federal, representada por Francisco Navarro, ha negado la existencia de ofertas formales para un acuerdo de culpabilidad, contradiciendo versiones de la defensa que hablan de conversaciones al respecto.

La investigación también ha señalado inconsistencias en listas previas de transferidos, donde medios citaron erróneamente la presencia de figuras ficticias, lo que subraya la necesidad de precisión en los datos oficiales. Por ahora, el proceso judicial avanza con la fecha límite establecida para 2027, manteniendo a Caro Quintero bajo estricta vigilancia federal a la espera de las siguientes etapas legales.

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