Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición conformada por 24 estados, una docena de ciudades y condados de Estados Unidos presentó una demanda legal contra la administración de Donald Trump y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por revocar las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial, radicada ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, cuestiona la legalidad de la decisión ejecutiva tomada en febrero de 2026 que eliminó protecciones ambientales basadas en consensos científicos previos.
El núcleo de la controversia jurídica reside en la anulación por parte de la EPA de una conclusión científica establecida en 2009, la cual determinaba que los gases de efecto invernadero representan una amenaza directa para la salud pública. Los demandantes argumentan que la administración Trump actuó ilegalmente al descartar dicho hallazgo, ignorando el consenso científico que ha guiado la política climática durante nearly dos décadas. Esta maniobra administrativa busca desmantelar regulaciones que restringían las emisiones contaminantes.
La coalición demandante abarca una amplia representación geográfica y política, incluyendo a 24 estados así como diversas ciudades y condados que buscan frenar el retroceso en la legislación ambiental. Aunque la investigación no detalla la lista específica de las jurisdicciones involucradas, la magnitud del grupo refleja una oposición coordinada de gobiernos subnacionales frente a las políticas federales actuales. Se prevé que esta nueva demanda se sume a una acción legal anterior iniciada por grupos ecologistas, consolidando un frente común contra la revocación de las normas climáticas.
El caso queda ahora bajo la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde se determinará la validez de los argumentos presentados por los estados y localidades. La resolución judicial tendrá implicaciones significativas para la regulación de emisiones en el país y establecerá un precedente sobre la capacidad del ejecutivo para modificar conclusiones científicas que sustentan las leyes de protección ambiental. La batalla legal marca un punto de tensión entre la política ambiental de la administración Trump y los esfuerzos de múltiples regiones por mantener los estándares de calidad del aire y salud pública.
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