Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- El Juzgado Sexto en Materia Administrativa emitió una resolución que autoriza al Gobierno de la Ciudad de México y a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama para proceder con la adopción de 936 perros y gatos rescatados del antiguo Refugio Franciscano. La sentencia judicial establece que cualquier impedimento para entregar a los animales en adopción constituye una violación a su derecho de encontrar familias que garanticen sus necesidades básicas, cariño y cuidado.
En su fallo, el poder judicial destacó que bloquear este proceso implicaría interponerse a que los seres sintientes accedan a mejores condiciones de bienestar y desarrollo. La decisión pone fin a los obstáculos legales que habían surgido tras el desalojo del refugio, ubicado en Cuajimalpa, el pasado 7 de enero de 2026, donde operó durante 48 años antes de ser intervenido por presuntas condiciones de abandono y maltrato.
La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, propietaria del predio restituido tras el desalojo, celebró el dictamen mediante un comunicado. La organización señaló que la resolución confirma la prevalencia del interés superior de los animales y valida la legalidad de las actuaciones de la autoridad en materia de bienestar animal durante el rescate de los 936 ejemplares.
Fernando García Juárez, representante legal de la fundación, declaró que con esta sentencia queda superado cualquier intento dilatorio. “No existe pretexto alguno para impedir que los animales accedan a una segunda oportunidad de vida digna mediante adopciones responsables”, afirmó el vocero, enfatizando la urgencia de reubicar a los perros y gatos en hogares definitivos.
El caso del Refugio Franciscano generó una disputa legal compleja tras el rescate de los animales, quienes fueron retirados del lugar debido a reportes de omisión de cuidados. Diversas asociaciones vinculadas al refugio habían presentado recursos que frenaban temporalmente el proceso de adopción, situación que ahora ha sido descartada por la autoridad federal.
Con esta autorización judicial, se abre la vía para que las autoridades locales y la fundación implementen los mecanismos de adopción responsable. La resolución busca garantizar que los animales, que permanecen bajo custodia desde el desalojo de enero, dejen de estar en un limbo jurídico y puedan integrarse a nuevas familias que aseguren su calidad de vida.
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