Por Redacción
Felipe Carrillo Puerto, 21 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la inversión de 13 mil millones de pesos destinados directamente a comunidades indígenas y afromexicanas, recursos que serán administrados por tesoreras elegidas en asambleas. El anuncio se realizó el 20 de marzo de 2026 en Felipe Carrillo Puerto, durante la firma del decreto de interés público de turismo comunitario.
De acuerdo con la información oficial, la inversión beneficiará a 18 mil comunidades reconocidas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). La estrategia busca que la gestión de los fondos quede en manos de las propias comunidades, a través de figuras elegidas democráticamente en sus sistemas normativos internos.
El evento sirvió de marco para formalizar tres destinos turísticos comunitarios: Maya Ka’an en Quintana Roo, Camino del Mayab en Yucatán y los pueblos comunales de Oaxaca. La asignación de estos recursos se enmarca en el Programa Institucional del INPI 2025-2030, el cual establece como eje prioritario la asignación de presupuesto directo a los pueblos y comunidades.
Esta medida retoma los lineamientos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, publicado en noviembre de 2025, el cual determina que la ejecución de recursos para estos grupos debe observar los criterios del INPI para garantizar la participación efectiva y directa, así como el reconocimiento de sus derechos.
La implementación de este modelo de transferencia directa contrasta con mecanismos anteriores donde los recursos pasaban por delegaciones o comités externos. En este caso, la estructura propuesta busca fortalecer la autonomía de las comunidades mediante la administración directa de los fondos por parte de las tesoreras designadas en sus asambleas.
El anuncio en la zona maya de Quintana Roo subraya la conexión entre el desarrollo económico a través del turismo comunitario y el fortalecimiento financiero de las poblaciones originarias, alineándose con las reformas constitucionales recientes que reconocen a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con capacidad para gestionar sus propios recursos.
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