Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y activistas denunciaron un patrón regional de represión estatal que abarca desde el desmantelamiento de políticas de memoria en Argentina hasta la desaparición forzada de deportados en El Salvador y la confiscación de bienes a opositores en Venezuela y Nicaragua. Las alertas se centran en el endurecimiento de políticas migratorias bajo el gobierno de Javier Milei, las acciones del régimen de Nicolás Maduro y la situación de detenidos tras redadas en Estados Unidos vinculados a la administración de Nayib Bukele.
En Argentina, datos indican que 5.000 personas no fueron admitidas o fueron expulsadas del país en un periodo reciente, mientras que en 2024 se deportó a 620 individuos, lo que representa un aumento del 40% respecto al año anterior. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, ha anunciado medidas que siguen el modelo de políticas migratorias restrictivas. Activistas y economistas como Mercedes D’Alessandro, junto a vecinas de Mendoza como Macarena Limousin, han levantado la voz contra estas acciones y el avance de proyectos socioambientales como el minero San Jorge (PSJ Cobre Mendocino), cuyo estatus legal actual no ha sido especificado oficialmente.
La situación en Venezuela y Nicaragua muestra un agravamiento en la persecución política. Lilian Tintori presentó denuncias públicas sobre la confiscación de bienes a opositores, aunque no se detallan los cargos específicos en los reportes disponibles. Figuras como William Dávila, Enrique Márquez y Leopoldo López figuran entre los involucrados, sin que se precise el estado de salud actual de Dávila tras su liberación. Asimismo, se reporta la desaparición del dirigente chavista Carlos Brenes, sumándose a un contexto donde organismos internacionales documentan violaciones sistemáticas.
En El Salvador, la controversia se centra en la desaparición de 11 salvadoreños deportados desde Estados Unidos, entre ellos César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’. Mientras el gobierno estadounidense y las autoridades salvadoreñas acusan a los deportados de pertenecer a la pandilla MS-13, familias de las víctimas y Human Rights Watch (HRW) niegan dicha condición para la mayoría de los casos. No se presenta evidencia pública que vincule al resto de los desaparecidos con actividades criminales, más allá del líder mencionado. En 2025, más de 9.000 salvadoreños fueron deportados desde EE.UU., de los cuales se estima que solo el 10% tenía antecedentes penales.
Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, emitió comunicados oficiales señalando estas irregularidades. La organización destaca que más de 250 venezolanos también han sido deportados desde Estados Unidos en este contexto de tensión. Las familias de las víctimas, como Thelma Brenes, y activistas como Amaru Ruiz, mantienen la búsqueda de información ante la falta de respuestas oficiales claras sobre el paradero de los detenidos y la legalidad de los procesos de expulsión.
Este panorama refleja una crisis política y de derechos humanos en América Latina, caracterizada por la opacidad en los procedimientos de deportación, la supresión de la oposición política y la reducción de garantías legales. Las cifras históricas de 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina sirven como referente para las organizaciones que hoy alertan sobre el resurgimiento de prácticas de desaparición forzada y represión estatal en la región.
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