Por Redacción
Nueva York, 22 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente a un tribunal federal que desestime la apelación presentada por la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, quien fue condenado en octubre de 2024 a más de 38 años de prisión por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio.
La fiscalía, representada por el fiscal especial Adam Amir y el fiscal en jefe Joseph Nocella, presentó un escrito de más de 100 páginas en el que argumenta que no existen fundamentos legales para revertir la sentencia dictada tras un juicio de cinco semanas. Con esta acción, el gobierno estadounidense busca blindar la condena que también incluye una multa económica para el funcionario mexicano.
La defensa de García Luna, liderada por el abogado César de Castro, había interpuesto el recurso de apelación en diciembre de 2025. Los representantes legales del exfuncionario sostienen que el proceso judicial se basó predominantemente en testimonios de criminales que no fueron debidamente corroborados, una tesis que ahora deberá ser refutada o validada por los magistrados del tribunal de apelaciones.
Existen discrepancias en los reportes sobre los detalles financieros de la sentencia original. Mientras algunas fuentes indican que la multa impuesta asciende a dos millones de dólares, otras mencionan una cifra de hasta cinco millones de dólares. No obstante, el foco central del movimiento legal actual reside en la validez de los casi cuatro décadas de encarcelamiento ordenadas por la corte neoyorquina.
De acuerdo con los procedimientos legales establecidos, la parte defensora cuenta con un plazo de 21 días hábiles para presentar su respuesta ante los argumentos expuestos por el Departamento de Justicia. Una vez cerrado este periodo de réplica, el tribunal correspondiente procederá a analizar los expedientes para decidir si mantiene la condena o si ordena un nuevo proceso judicial.
Este desarrollo marca un nuevo capítulo en el caso de uno de los funcionarios de seguridad más importantes de México durante la guerra contra el narcotráfico, cuya caída jurídica ha tenido repercusiones políticas y sociales en ambos lados de la frontera. La resolución final de esta apelación determinará si García Luna continuará cumpliendo su pena en el sistema penitenciario estadounidense o si obtiene una oportunidad para un nuevo juicio.
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