Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Críticas severas surgieron en el Senado y entre especialistas contra el llamado ‘Plan B’ de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que la iniciativa rompe con el principio de neutralidad y crea inequidad entre las fuerzas políticas. El exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, señaló que la propuesta es contraria a la Constitución al permitir que el Ejecutivo haga campaña mientras transcurren procesos federales y al transformar la revocación de mandato en un mecanismo de ratificación.
Woldenberg, quien participó como invitado en el Consejo Consultivo de la organización Somos México, expuso que en la Constitución se logró incluir que los funcionarios de todos los niveles no pueden hacer campaña a favor ni en contra de ningún partido político, un principio que ahora está en riesgo de ser destruido. Según el especialista, lo que se trata con este proyecto es habilitar una revocación del mandato durante las elecciones intermedias, la cual Morena ha convertido en una herramienta de ratificación que permite a la Presidenta realizar campaña, generando una asimetría frente a otras fuerzas.
En un análisis realizado ante suscriptores de El Universal, otros expertos como Javier Martín Reyes y Tito Garza Onofre, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidieron en que el Plan B derivará en una oportunidad para hacer publicidad electoral a favor de la mandataria. Los especialistas advirtieron que esta nueva propuesta mantiene elementos perjudiciales para la democracia mexicana y rompe con la lógica histórica de consenso que caracterizó a reformas previas en 1994, 1996, 2007 y 2014.
La iniciativa, enviada al Senado el 17 de marzo tras el rechazo del ‘Plan A’ en la Cámara de Diputados, propone modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 constitucionales. Entre los cambios destacados se encuentran ajustes a las consultas de revocación de mandato, topes al presupuesto de congresos estatales y ayuntamientos, así como la reducción progresiva del presupuesto del Senado en 15% real en cuatro años y la limitación de regidurías municipales.
En el marco de la discusión legislativa, Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, y Oscar Cantón Zetina, titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezan el análisis de la minuta. Woldenberg comentó que en la coalición que hoy gobierna no se aprecia lo logrado en democracia y se ostentan como los únicos representantes de la sociedad, recordando que durante el proceso de revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador, los propios militantes de Morena pedían firmas para la ratificación y no para la revocación.
Paralelamente a la discusión sobre la reforma, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta cuestionamientos por las medidas de seguridad aplicadas en 40 inmuebles, las cuales han sido criticadas por limitar el trabajo periodístico. Mientras el gobierno federal busca aprobar los cambios constitucionales para las elecciones intermedias, la oposición y sectores académicos mantienen su postura de que el Plan B busca consolidar ventajas para el partido en el poder bajo la fachada de un mecanismo de participación ciudadana.
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