Nueva York, 26 de marzo de 2026.- La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró este jueves la segunda audiencia judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, acusados de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, presidió la vista de aproximadamente 70 minutos, en la que rechazó la solicitud de la defensa para desestimar el caso y dejó pendiente una resolución sobre si se permitirá el uso de fondos del gobierno venezolano para costear la representación legal de los acusados.
Durante la comparecencia, el abogado defensor Barry Pollack argumentó que sus clientes tienen derecho a acceder a recursos del Estado venezolano para pagar su defensa, calificando como un error administrativo la revocación de las licencias que lo permitían. Por su parte, el fiscal Kyle Wirshba mantuvo la postura de que las sanciones impuestas por Estados Unidos prohíben terminantemente utilizar dichos activos, insistiendo en que la pareja no puede financiar su litigio con dinero del régimen al que pertenecieron.
Maduro y Flores, quienes llegaron al tribunal en un convoy de seguridad durante la madrugada, se mantienen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Ambos están sujetos a un régimen de confinamiento administrativo que los mantiene 23 horas al día en sus celdas, separados entre sí y con contacto limitado al exterior, situación que se extiende desde su captura en Caracas a principios de enero de 2026.
El proceso judicial se desarrolla en un contexto de complejidades políticas y diplomáticas. Mientras algunas versiones sitúan la detención de la pareja como resultado de una operación directa de fuerzas estadounidenses el 3 de enero, otras narrativas describen el evento como una caída del régimen que derivó en la asunción interina de Delcy Rodríguez. Estas discrepancias sobre los detalles de la transición de poder coexisten con el avance del caso penal en suelo neoyorquino, donde la presidencia de Donald Trump ha marcado un endurecimiento en la postura hacia los exmandatarios venezolanos.
En el exterior del edificio federal, la policía de Nueva York tuvo que intervenir para separar a dos grupos de manifestantes con posturas opuestas. Por un lado, ciudadanos venezolanos exigieron justicia y apoyaron el arresto portando carteles con mensajes contra los acusados; por el otro, simpatizantes y miembros de organizaciones internacionales protestaron contra el juicio, calificándolo de ilegítimo y demandando la liberación de la pareja. Protestas similares se reportaron en ciudades como Londres, donde activistas se congregaron frente a la embajada estadounidense.
Al concluir la sesión, el juez Hellerstein no fijó una fecha inmediata para la próxima audiencia ni emitió un fallo definitivo sobre la controversia de los fondos, prometiendo resolver el punto próximamente. Expertos legales consultados estiman que el juicio formal podría no iniciar hasta dentro de uno o dos años, momento en el que el magistrado habrá superado los 94 años de edad, mientras la defensa continúa buscando mecanismos para garantizar el pago de sus servicios sin violar las sanciones federales.
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