Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral conocido como ‘Plan B’, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La votación, realizada el 25 de marzo con la presencia de 128 legisladores, arrojó un resultado de 87 votos a favor y 41 en contra, consolidando el respaldo de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y dejando fuera la aprobación de la revocación de mandato anticipada.
La iniciativa, discutida en sesiones recientes, contempla una serie de medidas orientadas a la reducción del gasto público y la eliminación de beneficios considerados privilegios para funcionarios y autoridades electorales. Entre los puntos aprobados destacan el establecimiento de un tope máximo de 15 regidurías por Ayuntamiento y la limitación del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70 por ciento del presupuesto estatal correspondiente.
Asimismo, la reforma elimina los seguros médicos privados, las pensiones privadas y los regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados electorales. En cuanto a la estructura legislativa federal, se determinó un recorte progresivo del 15 por ciento al presupuesto del Senado, medida que busca ajustar los recursos destinados al funcionamiento de la cámara alta.
A pesar del apoyo mayoritario para el grueso del paquete legislativo, la propuesta central de la mandataria para adelantar la revocación de mandato al año 2027 no prosperó. Esta decisión fue determinante tras la negativa del Partido del Trabajo (PT), aliado estratégico de la coalición oficialista, quien se sumó a la oposición conformada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano para bloquear este punto específico, calificándolo en algunos sectores como un retroceso democrático.
La división en el pleno reflejó las perspectivas opuestas sobre el alcance de la reforma. Mientras el oficialismo defendió el proyecto como un mecanismo de fortalecimiento democrático y austeridad republicana, las fuerzas opositoras argumentaron que ciertas disposiciones podrían afectar la competencia política y la autonomía de los órganos electorales. Las discrepancias también surgieron en torno al impacto financiero real, ya que análisis preliminares sugieren que la eliminación de bonos laborales podría generar gastos alternativos para garantizar derechos de los trabajadores.
Con esta aprobación en lo general, el proceso legislativo avanza hacia la discusión de los detalles específicos y la posible integración de cambios en lo particular antes de su eventual envío a las cámaras locales para su ratificación. La sesión marcó un paso significativo en la agenda de transformación institucional promovida por el gobierno federal, aunque dejó abierta la puerta a futuras negociaciones respecto a los mecanismos de participación ciudadana y los tiempos electorales.
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