Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, por presuntamente traficar armas de fuego hacia México para abastecer a los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS). La denuncia, revelada este miércoles en Phoenix, Arizona, marca uno de los primeros casos criminales por apoyo material al terrorismo vinculados a la venta de armamento a estas organizaciones, las cuales fueron designadas como grupos terroristas extranjeros en febrero de 2025.
Según los cargos presentados por las autoridades federales estadounidenses, los dos implicados realizaron cinco operaciones de venta de armas entre febrero y mayo de 2025. La investigación señala que Gray es propietario del negocio “Grips by Larry”, una armería ubicada en una zona fronteriza a menos de 15 minutos de Naco, Sonora, desde donde se habrían gestionado parte de las transacciones ilícitas destinadas a cruzar la frontera hacia territorio mexicano.
La existencia de dos acusados contrasta con reportes iniciales de algunos medios que mencionaban únicamente a Laurence Gray como el responsable. Las fuentes oficiales confirman ahora la participación de Barrett Weinberger en el esquema. Las discrepancias en la cobertura inicial también incluyeron variaciones en la escritura del nombre del principal acusado, oscilando entre Laurence y Laurende, dato que ha sido clarificado en la documentación legal del Departamento de Justicia.
El contexto legal de este caso es determinante para la severidad de los cargos. Tras la designación del CJNG y el CDS como Organizaciones Terroristas Extranjeras por el Departamento de Estado de EE.UU. el 20 de febrero de 2025, cualquier provisión de recursos, incluyendo armas, a estos grupos se tipifica como apoyo material al terrorismo. Esta clasificación permite a la justicia estadounidense perseguir penalmente a individuos que faciliten armamento a estas bandas, incluso si las ventas ocurren dentro de suelo americano.
Aunque la acusación detalla la frecuencia de las ventas y los grupos beneficiarios, el expediente no especifica en esta etapa las identidades de los intermediarios o “compradores de paja” que habrían adquirido las armas físicamente, ni el destino exacto de cada arma dentro de México. Asimismo, aunque se menciona que los delitos conllevan penas que pueden oscilar entre 10 y 20 años de prisión, la solicitud formal de sentencia para cada uno de los acusados será definida en las siguientes audiencias del proceso judicial.
Este caso subraya la estrategia actual de las autoridades estadounidenses para cortar el flujo de armamento de alto poder hacia las organizaciones criminales en México mediante el uso de figuras legales antiterroristas. Con la comparecencia de los acusados en la corte federal de Arizona, se espera que se presenten más detalles sobre los mecanismos utilizados para evadir los controles de venta y transportar el arsenal hacia la frontera.
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