Monclova, 27 de marzo de 2026.- En medio de la incertidumbre por el proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), representantes de los trabajadores y organizaciones laborales exigieron este viernes claridad sobre el destino de la siderúrgica, coincidiendo con el plazo límite judicial establecido para este 27 de marzo. Ante la falta de definiciones oficiales sobre las nuevas bases de la subasta, los empleados han endurecido los controles de acceso a las instalaciones para impedir el ingreso sin autorización judicial.
Francisco Ríos Treviño, secretario general de la Sección 288, junto con Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C., hicieron un llamado a la base trabajadora para mantener la calma y evitar acciones precipitadas derivadas de la desinformación. Ambos líderes enfatizaron la necesidad de aguardar los comunicados oficiales de las autoridades competentes antes de asumir escenarios sobre la venta de los activos o el futuro laboral de la plantilla.
La tensión en la planta se manifestó mediante una marcha de protesta que partió desde la Puerta 3 de las instalaciones, donde los obreros expresaron su preocupación por la opacidad del proceso concursal. Juan Ervey Valenzuela de la Torre, obrero sindicalizado, destacó la importancia de la unidad del gremio frente a las rumores que circulan sobre posibles intentos de subasta paralelos o irregularidades en la entrega de documentación por parte del síndico encargado.
Aunque existen reportes extraoficiales que sugieren que una nueva convocatoria de subasta podría emitirse durante el mes de abril, los representantes laborales advirtieron que los tiempos procesales podrían verse afectados por los días inhábiles correspondientes a la Semana Santa. La confusión prevalece entre la plantilla debido a que no se ha precisado públicamente el contenido de las nuevas bases que debe presentar el síndico ni la resolución definitiva respecto a los intentos anteriores frenados por acreedores.
Ante este panorama, la estrategia definida por la dirigencia sindical y el grupo de defensa es mantener una vigilancia estricta en los accesos de la empresa, permitiendo únicamente el ingreso de personal con órdenes judiciales explícitas. Los líderes instaron a los trabajadores a no caer en provocaciones y a confiar en los canales de comunicación establecidos por la sección sindical mientras se resuelve el estatus legal de la unidad productiva en los tribunales.
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