Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece un tope a las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en el sector público, limitándolas al 50% de la remuneración del titular del Ejecutivo federal. La modificación al artículo 127 de la Constitución fue avalada por unanimidad con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, tras ser también aprobada previamente en el Senado con 109 votos a favor y seis abstenciones.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo eliminar las llamadas “pensiones doradas” en organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos. Según los datos de la votación, el límite máximo establecido equivale aproximadamente a 70,000 pesos mensuales, cifra que corresponde a la mitad del sueldo del presidente de la República.
Durante el proceso legislativo, se registraron posturas divergentes entre los legisladores oficialistas y la oposición. Mientras los diputados de Morena defendieron la reforma como una medida para corregir desigualdades y privilegios injustificados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de su coordinador Rubén Moreira, anunció su voto a favor aunque expresó inconformidad por posibles omisiones y riesgos de retroactividad en la aplicación de la norma.
Previo a la sesión, grupos de jubilados y pensionados se manifestaron en los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México, así como en el Congreso local de Baja California. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, participó en las movilizaciones donde los afectados exigieron garantías de que la reforma no se aplicará de manera retroactiva, argumentando que muchos de ellos no perciben montos exorbitantes y temen por sus derechos adquiridos.
La reforma excluye expresamente a las Fuerzas Armadas, así como a las pensiones constituidas mediante aportaciones voluntarias en cuentas individuales y aquellas derivadas de aportaciones sindicales en sistemas de ahorro complementarios. Ahora, el dictamen deberá ser enviado a los congresos locales para su discusión y aprobación; para convertirse en ley constitucional, requerirá el aval de al menos 17 entidades federativas.
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