Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó este miércoles la denominada reforma del ‘Plan B’ electoral, un paquete legislativo que modifica 103 artículos de la Constitución distribuidos en 46 decretos, pero excluyó la controversia iniciativa para adelantar la revocación de mandato. La votación final registró 87 sufragios a favor y 41 en contra, consolidando una transformación estructural que limita a 15 el número máximo de regidurías en los ayuntamientos y reduce bonos y prestaciones para funcionarios de los organismos electorales.
La aprobación en lo general marcó el desenlace de un proceso legislativo tenso dentro de la coalición oficialista conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La fricción principal surgió por la resistencia del PT a modificar el artículo 35 constitucional, punto que buscaba adelantar la consulta de revocación de mandato al año 2027. Para destrabar la votación y preservar la unidad legislativa, los coordinadores de Morena decidieron retirar dicho artículo específico de la minuta antes de llevarla al pleno.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, encabezó la defensa de la iniciativa junto a Alberto Anaya, líder del PT, y Waldo Fernández, senador del PVEM, quienes alinearon sus bancadas para alcanzar la mayoría calificada necesaria. Sin embargo, la votación no estuvo exenta de disidencias internas; registros del proceso indican que el senador Luis Melgar, también del PVEM, emitió un voto en contra, rompiendo la disciplina de su partido en un momento crítico de la sesión.
El contenido central de la reforma aprobada se enfoca en la austeridad y la reestructuración de cargos de elección popular. Además de la limitante de 15 regidurías, el dictamen establece recortes significativos a las percepciones económicas de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinculó el rechazo a la reforma de revocación de mandato con el temor de los partidos aliados a que su figura apareciera en la boleta electoral de 2027, lo que habría anticipado un escenario de confrontación política.
Con esta validación senatorial, la reforma electoral avanza hacia las etapas finales de su promulgación, dejando fuera la herramienta de control ciudadano que había generado mayor debate público. Los partidos de oposición, incluyendo al Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), mantuvieron una postura contraria durante el debate, aunque el peso de la mayoría oficialista fue determinante para imponer el nuevo marco legal que regirá los próximos comicios locales y la operación de las instituciones electorales.
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