Coatzacoalcos, 27 de marzo de 2026.- Un despliegue interinstitucional para atender la presencia de hidrocarburos en el litoral del Golfo de México ha logrado retirar más de 430 toneladas de contaminantes, aunque persisten discrepancias entre las cifras gubernamentales y los reportes de organizaciones ambientalistas sobre el origen y alcance del fenómeno.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hubo un derrame original proveniente de una embarcación, pero señaló que existen otras manchas en la zona cuyas fuentes están siendo investigadas. En declaraciones públicas, la mandataria indicó que las autoridades están identificando de dónde provienen dichas manchas mientras se mantiene la investigación correspondiente.
El Grupo Interinstitucional, integrado por Semar, Semarnat, Sener, ASEA, Pemex y Profepa, identificó tres fuentes de emanación del contaminante: un presunto vertimiento ilegal de un buque y dos chapopoteras naturales ubicadas en el Golfo de México. Las operaciones de limpieza se han concentrado en puntos estratégicos del litoral, donde se han intervenido más de 223 kilómetros de playas.
Por su parte, organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Conexiones Climáticas y CartoCrítica presentaron un reporte divergente basado en imágenes satelitales. Las agrupaciones afirmaron que la evidencia evidencian conocimiento temprano, contención insuficiente y opacidad oficial por parte de las autoridades responsables de la contingencia.
En un comunicado conjunto, las ONG señalaron que no hubo información pública oportuna sobre la magnitud del derrame, sus riesgos ni las medidas de respuesta implementadas. Mientras el gobierno reporta 223 kilómetros de playas intervenidas, las organizaciones civiles estiman una extensión de 630 kilómetros de litoral afectado y una mancha de 50 kilómetros cuadrados.
Las labores de contingencia continúan con más de 2,450 elementos desplegados en la región. La discrepancia entre las versiones incluye también los tiempos de reacción, pues mientras el gobierno reporta acciones desde la detección el 3 de marzo, las organizaciones acusan conocimiento oficial desde febrero y cuestionan la transparencia en la gestión del incidente.
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