Ciudad de Mexico, 28 de marzo de 2026.- Una investigación periodística reveló que el objetivo de un reciente bombardeo conjunto entre fuerzas de Ecuador y Estados Unidos no correspondía a un campamento del narcotráfico, como afirmaron inicialmente los gobiernos, sino a una finca dedicada a la producción lechera y ganadera. El incidente, ocurrido a principios de marzo de 2026, ha generado cuestionamientos sobre la inteligencia utilizada para la operación militar en la región.
De acuerdo con reportes de France 24 y The New York Times, el ataque aéreo destruyó una granja civil. Las fuentes periodísticas indican que, contrario a la versión oficial que describía el sitio como parte de una red ilícita, se trataba de una propiedad productiva. Esta contradicción surge mientras el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había caracterizado previamente los objetivos como parte de estructuras criminales.
En relación con las personas involucradas, la abogada Lina Maria Espinosa denunció que sus clientes fueron sometidos a torturas, incluyendo ahogamiento y toques eléctricos. Por su parte, France 24 informó que Gilson Vargas fue arrestado y torturado en el contexto de estos hechos. Los testimonios recabados apuntan a graves violaciones de derechos humanos durante el operativo.
Funcionarios militares de Estados Unidos han abordado el tema en el marco de una escalada de acciones contra el crimen organizado. Joseph M. Humire declaró ante el Comité de Servicios Armados que los ataques contra cárteles en América Latina eran “sólo el comienzo” y anunció la denominada “Operación Exterminación Total”. Asimismo, Francis Donovan señaló que los ataques contra embarcaciones “no eran la respuesta”, planteando la necesidad de expandir la campaña terrestre.
La discrepancia entre la narrativa gubernamental y los hallazgos de la prensa internacional subraya la tensión en torno a las estrategias de seguridad implementadas por la alianza entre Quito y Washington. Mientras las autoridades mantienen la postura de combatir el narcoterrorismo, los reportes sobre daños a la población civil y propiedades legítimas continúan emergiendo desde la zona del incidente.
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