Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en esta ciudad giró este viernes 16 órdenes de aprehensión contra diversos exservidores públicos de Michoacán, entre ellos el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad cometidos durante un operativo policial en abril de 2017.
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán, encabezada por Carlos Torres Piña, confirmó la emisión de los mandamientos de captura tras una investigación que documentó los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad purépecha de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. Además de los dos altos funcionarios, las órdenes se libran contra 14 agentes de la Policía Estatal que participaron en la intervención.
De acuerdo con los datos duros de la investigación, el operativo derivó en cuatro muertes, 10 casos de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias. Los hechos se originaron en el contexto de una disputa por 512 hectáreas de bosque, donde elementos policiales intentaban levantar un bloqueo carretero y recuperar vehículos retenidos por la comunidad; mientras algunas fuentes mencionan la recuperación de 17 tráilers y tres camionetas, otras hablan de cien vehículos de carga involucrados.
Existen contradicciones en los reportes sobre la magnitud del despliegue policial: mientras las órdenes de aprehensión se centran en 14 agentes específicos, testimonios de activistas como Yunuen Farías Estrada, coordinadora de medio ambiente de Movimiento Ciudadano en Michoacán, señalan que en el operativo participaron más de 800 policías. Asimismo, aunque la acusación judicial formal incluye homicidio calificado y tortura, algunos reportes periodísticos han calificado los hechos como una ejecución extrajudicial.
Para Silvano Aureoles Conejo, esta representa la segunda orden de aprehensión en su contra; previamente, en 2025, se giró un mandato por presunto desfalco millonario relacionado con la construcción de cuarteles policiales, caso en el que una fuente indica que se le considera prófugo. Sin embargo, la investigación no confirma el estado procesal actual de las nuevas órdenes emitidas por la masacre de Arantepacua, ni si los involucrados ya han sido detenidos o se encuentran prófugos por estos cargos específicos.
La Fiscalía General del Estado informó a medios que continuará con las actuaciones correspondientes para el cumplimiento de los mandatos judiciales y el esclarecimiento pleno de los hechos, los cuales han mantenido exigencias de justicia por parte de familiares y organizaciones civiles durante casi nueve años. No se proporcionaron los nombres completos de los 14 agentes señalados ni el número de expediente judicial de la causa penal.
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