Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en esta ciudad giró 16 órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes de la Policía Estatal, por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.
Los mandamientos judiciales responden a los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena purépecha de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, donde un operativo policial derivó en la muerte de cuatro personas. Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, confirmó la emisión de las órdenes tras la integración de una carpeta de investigación que documentó la actuación de los elementos de seguridad durante dicho despliegue.
De acuerdo con los informes recabados por la autoridad ministerial, el operativo de 2017 dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, siete policías heridos, 10 casos de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias. Los delitos imputados a los 16 servidores públicos incluyen homicidio extrajudicial y cuentan con prisión preventiva de oficio, lo que impediría a los acusados enfrentar el proceso penal en libertad de ser localizados.
La investigación señala que los hechos se originaron cuando elementos de la Policía Estatal intentaron levantar un bloqueo carretero en la localidad y recuperar vehículos retenidos por la comunidad. Las fuentes consultadas indican variaciones en el número de unidades involucradas en el incidente original, mencionándose desde 17 tráilers y tres camionetas hasta cifras superiores de vehículos de carga, aunque el foco de la acción judicial actual son las responsabilidades penales de los mandos y operativos.
Silvano Aureoles Conejo, quien gobernó la entidad entre 2015 y 2021, ya enfrentaba procesos legales previos relacionados con presuntos desvíos de recursos durante su administración. Con estas nuevas órdenes de aprehensión, la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de combatir la impunidad y atender las demandas de justicia de las víctimas y sus familiares, quienes han exigido esclarecimiento del caso durante casi nueve años.
About The Author
