Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la empresa Xcaret debe dejar de usar elementos de la cultura Maya en toda su publicidad, al considerar que la protección del patrimonio ancestral tiene mayor peso que el interés comercial. La medida cautelar entrará en vigor mientras se resuelve el caso de fondo en la disputa entre integrantes de la comunidad Maya, representados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), y la empresa turística.
Por siete votos a dos, se aprobó el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, quien señaló que las empresas, aunque realicen inversiones que beneficien a las comunidades, eso no las “faculta a disponer indebidamente del patrimonio cultural de los pueblos indígenas ni del patrimonio de la nación”. Con ello, Xcaret deberá retirar esa simbología de su publicidad y de su sitio web hasta que el tribunal resuelva el litigio principal.
El conflicto se originó cuando el Indautor ordenó medidas cautelares a la empresa turística para retirar de circulación y exhibición contenidos publicitarios que utilizan elementos del patrimonio cultural Maya. Xcaret impugnó una multa argumentando tener autorización del Gran Consejo Maya, y un juzgado de distrito le concedió una suspensión definitiva que le permitía continuar con el uso. La SCJN revirtió esta decisión.
La ministra Yasmín Esquivel, quien votó en contra del proyecto, manifestó su preocupación por la decisión asumida, al estimar que con ello se estaba desconociendo la voluntad del Gran Consejo Maya, reconocido en las leyes de protección indígena desde 1998, quienes se benefician del acuerdo comercial entre la empresa y esa comunidad. Enfatizó que en la Suprema Corte se recibió un escrito con 209 firmas de comisariados ejidales, alcaldes, delegados, subdelegados y jueces tradicionales apoyando dicho acuerdo.
Existe una disputa sobre quién representa legítimamente al pueblo Maya en este asunto: por un lado, Indautor representa a integrantes de la comunidad Maya que denunciaron el uso indebido; por otro, el Gran Consejo Maya firmó un acuerdo comercial con Xcaret y presentó el escrito con 209 firmas de autoridades locales apoyándolo. La mayoría del tribunal consideró que la protección del patrimonio ancestral prevalece, independientemente de cualquier autorización.
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