Washington, 28 de marzo de 2026.- Senadores republicanos y demócratas acordaron la madrugada de este viernes 27 de marzo financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con excepción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Este acuerdo legislativo ocurre simultáneamente con la juramentación de Markwayne Mullin como nuevo secretario de la dependencia y el anuncio del presidente Donald Trump de firmar una orden ejecutiva para garantizar el pago inmediato a los agentes de seguridad aeroportuaria.
El acuerdo alcanzado en el Senado financiaría componentes críticos como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y la Guardia Costera de Estados Unidos, dejando fuera temporalmente a las agencias migratorias que han sido foco de disputa política. La medida busca reactivar operaciones esenciales mientras continúan las negociaciones para destrabar el presupuesto completo del departamento.
En una ceremonia realizada en la Casa Blanca con la presencia del mandatario, Markwayne Mullin juramentó como nuevo secretario de Seguridad Nacional. El nombramiento se da en un contexto de tensión operativa, donde el bloqueo presupuestario ha dejado sin fondos discrecionales a diversas agencias desde mediados de febrero, provocando que los agentes trabajen hasta 30 días sin salario.
La falta de pagos ha derivado en un ausentismo significativo en los principales aeropuertos del país. En el Aeropuerto William P. Hobby de Houston, Texas, se registró un ausentismo del 40.3% en el personal de la TSA, mientras que en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia, la cifra alcanzó el 37.4%. Estos niveles de ausencia han complicado las operaciones de seguridad y generado retrasos en los vuelos.
Ante esta situación, el presidente Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para garantizar el pago inmediato a los agentes de seguridad aeroportuaria. El mandatario atribuyó la crisis al rechazo de los demócratas a financiar completamente el DHS sin incluir políticas migratorias de fiscalización, haciendo referencia a las polémicas redadas contra inmigrantes que dejaron dos ciudadanos estadounidenses fallecidos en enero.
Con la confirmación de Mullin y el acuerdo parcial de financiamiento, el gobierno estadounidense intenta mitigar el caos en los aeropuertos y restablecer la operatividad del Departamento de Seguridad Nacional, aunque persisten diferencias legislativas sobre el financiamiento de las agencias de cumplimiento migratorio.