Tijuana, 30 de marzo de 2026.- El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California sancionó al exgobernador Jaime Bonilla Valdez por violencia política en razón de género contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La resolución incluye la inscripción del exmandatario en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, además del cumplimiento de medidas de reparación.
La sanción también alcanza a Alejandro Moreno Berry y al Partido del Trabajo, señalados por emitir declaraciones durante las denominadas ‘Jornadas por la Paz’ que vulneraron la investidura de la mandataria estatal. Sobre el conflicto entre el exgobernador, quien fue vinculado a proceso por el caso Next Energy, y la actual gobernadora, Catalino Zavala Márquez, vocero estatal de MORENA, declaró: “Para MORENA no hay afectación; se trata de una circunstancia propia de este movimiento que promueve que nadie esté por encima de la ley y que los procesos relacionados con el cuidado de los recursos públicos se realicen con honestidad”.
En materia de seguridad, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación tras el asesinato del vocalista de Grupo Reacción, Arturo Rivera, ocurrido la madrugada del 29 de marzo de 2026 en Ciudad Jardín, Tijuana. De acuerdo con los hechos, la agrupación fue contratada para la fiesta de cumpleaños de un joven quien decidió disparar contra los músicos, provocando la muerte del cantante e hiriendo a Raúl Garay, segunda voz del grupo.
Simultáneamente, una agresión armada se registró en el cruce de la calle Peña Blanca y Calzada de las Águilas, a un costado del mercado Los Reyes, en el Valle de la Trinidad, en Ensenada. Las autoridades localizaron a cuatro personas sin vida en el lugar. Una persona más resultó lesionada en un brazo y se trasladó por sus propios medios a la ciudad de Ensenada para recibir atención médica.
Por otro lado, el juez de control Maclovio Soto determinó prisión preventiva oficiosa y justificada contra Sandra Urbino Toro y su esposo, Miguel Ángel Toro, imputados por los delitos de despojo, extorsión agravada y asociación delictuosa al presuntamente formar parte de un cártel inmobiliario. Se indicó que la agrupación era liderada por los abogados Christian Pablo López Ortiz y Emmanuel Aurelio Valdez López, quienes habrían cometido despojo de 51 inmuebles en el fraccionamiento Laderas del Mar, conocido comercialmente como Playa Diamante, en Playas de Tijuana.
En Mexicali, la FGE informó la detención y vinculación a proceso de Humberto ‘N’, un joven de 24 años, por el delito de violación equiparada agravada, al presuntamente abusar sexualmente de su sobrina de cuatro años de edad. Se le impuso prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.
En el ámbito legislativo, el Congreso de Baja California aprobó de forma unánime una iniciativa de reforma y adición al Código Penal estatal en materia de cohabitación forzada. Con esta medida se prohíben los matrimonios infantiles, estableciendo una pena de cinco a ocho años de prisión. Vanessa García explicó: “La cohabitación forzada es cuando una persona mayor de edad, ya sea hombre o mujer tenga una unión con un menor de edad ya sea niño o niña, es un abuso, es violación, es truncar sus estudios, son muchas características las que afecta un menor”.
Finalmente, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que han concluido los trabajos de reparación en el acueducto Planetario–Las Ferias, por lo que el servicio de agua potable comienza a restablecerse de manera gradual. El corte, que impactó a 386 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito, fue ocasionado por actos de vandalismo en una válvula del acueducto.
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