Los Ángeles, 31 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump se tienen registradas 14 muertes de connacionales en centros de detención migratoria gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración agotará todas las vías legales y diplomáticas para exhibir lo que calificó como una crisis de derechos humanos, luego de confirmarse la muerte más reciente de un mexicano el pasado 25 de marzo.
Como parte de esta estrategia, el Gobierno mexicano se sumará como amicus curiae en la demanda L.T. Mesrobian, presentada por la organización Public Counsel en Los Ángeles contra el centro de detención de Adelanto, California. La cancillería explicó que esta figura jurídica permitirá a México intervenir en el caso para aportar argumentos sobre condiciones que considera violatorias de derechos humanos, incluyendo atención médica deficiente, aislamiento punitivo y falta de acceso a servicios básicos.
La mandataria indicó que también se llevará la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Se presentará una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención, de la demanda, vamos a dar todos los datos”, señaló Sheinbaum. Será la primera vez que el país presenta un caso de esta naturaleza ante el organismo internacional.
En el centro de Adelanto, gestionado por la empresa privada GEO Group pero bajo responsabilidad jurídica del ICE, se han registrado al menos tres fallecimientos recientes, incluido el de José Ramos-Solano, quien fue hallado inconsciente por personal de seguridad y declarado muerto posteriormente en un hospital. Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular, calificó la tendencia de muertes como “inaceptable” para la protección de los mexicanos en el exterior.
La ofensiva diplomática incluye el envío de cartas de protesta a legisladores federales de Estados Unidos, así como contactos con el fiscal de California, Rob Bonta, y el gobernador Gavin Newsom. Además, se tiene programada una reunión entre el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y el embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson. “Hoy el subsecretario para América del Norte abordará el tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson”, confirmó la presidenta.
Mientras tanto, fuentes periodísticas señalan que el Departamento de Seguridad Nacional rechazó las acusaciones, afirmando que los estándares son adecuados y que se brindó atención médica a los detenidos. Por otro lado, una jueza federal ordenó recientemente garantizar el acceso a abogados para personas detenidas en centros similares, tras concluir que las condiciones limitan el derecho a la defensa.
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