Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, calificándolo de ‘tendencioso y falto de rigor jurídico’. La administración federal señaló que el documento omite los avances contra esa problemática que desde 2018 se trabajan.
En respuesta a las acusaciones, el gobierno mexicano refutó que exista complicidad estatal y afirmó: ‘El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas’. Las autoridades destacaron que el informe del CDF abarca principalmente desapariciones entre 2009-2017, periodo correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se circunscribe a cuatro entidades del país: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco.
Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED-ONU) anunció que solicitará remitir urgentemente el caso de México a la Asamblea General. La decisión del organismo se basa en información que, según sus palabras, ‘parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad’.
El CED subrayó que ‘no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas’. No obstante, el comité advirtió que en algunos casos recibió ‘información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia’.
El gobierno mexicano sostuvo que en los párrafos 117 y 118 de su propio informe, el CDF reconoce que ‘no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión’. Paralelamente, el gobierno presentó su más reciente informe sobre el asunto, que registra 130,178 personas desaparecidas en México desde 2006.
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