Ciudad De México, 08 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe presentado por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), al negar que la crisis de personas desaparecidas en México constituya un crimen de lesa humanidad y criticar la ‘orientación’ del documento.
Sheinbaum sostuvo que el concepto de crimen de lesa humanidad, definido por Naciones Unidas, requiere ‘ataques sistemáticos contra la población civil’ por parte del Estado, situación que aseguró no ocurre en el país actual. La mandataria distinguió entre las desapariciones forzadas generadas desde el Estado durante la llamada ‘guerra sucia’ y las perpetradas actualmente por grupos del crimen organizado.
‘Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada guerra sucia (…) Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada’, declaró Sheinbaum.
La presidenta argumentó que el informe del CED tiene ‘debilidades’ porque ‘no tomó en cuenta’ las observaciones del Ejecutivo mexicano y no establece la diferenciación entre desapariciones estatales y las del crimen organizado. ‘No pueden acusar un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito o que equiparen la desaparición en México a ese delito’, insistió.
Por su parte, Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, defendió el proceso de análisis realizado por el órgano independiente, el cual examina la evolución de la situación a la luz de interacciones con el Estado mexicano desde 2012. Albán precisó que el comité considera que el registro de más de 132 mil personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 y su constante aumento ‘son indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional’.
El informe del CED, presentado el pasado 2 de abril a la Asamblea General de la ONU, sostiene que las desapariciones forzadas en México tienen carácter generalizado o sistemático por parte del Estado y recomienda elevar el caso ante la Asamblea a través del secretario general António Guterres. Sheinbaum lamentó que el documento no reconozca el esfuerzo de su gobierno para erradicar el delito y encontrar a las víctimas, calificándolo de estar ‘orientado’ a criticar al Estado mexicano.
Ante este escenario, la presidenta anunció que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ofrecerá una conferencia de prensa para exponer la postura técnica del gobierno, la cual resulta de un análisis ‘párrafo por párrafo’ del documento. Diversas organizaciones de derechos humanos, como Tlachinollan y el Centro Prodh, han respaldado la decisión del CED de solicitar la intervención de la Asamblea General.
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