Ciudad De México, 14 de abril de 2026.- Ignacio Mier Velazco, líder de Morena en el Senado, descartó que habrá leyes secundarias del Plan B en los 16 días que restan del periodo de sesiones ordinarias.
Ignacio Mier Velazco afirmó que la aplicación del Plan B y el ahorro de recursos en los congresos estatales y ayuntamientos, así como la integración de cabildos, pueden avanzar sin legislación secundaria.
El legislador detalló su postura: “Las leyes secundarias, muchas de ellas, en mi opinión personal, tienen que ver ya con atribuciones que tiene el propio Instituto Nacional Electoral”. Además, señaló: “Ejemplo: al ajustarse ellos a la disposición constitucional y a la ley secundaria en materia de remuneraciones, no requerimos una ley secundaria o alguna ley que reglamente lo que está establecido en la Reforma Constitucional”.
Con la entrada en vigencia del Plan B electoral, el contrato vigente del Instituto Nacional Electoral (INE) con Seguros Atlas por Gastos Médicos Mayores entrará en vilo. El Plan B estableció en la Constitución la prohibición a los organismos electorales de contratar con dinero público seguros de gastos médicos privados, los cuales representan para el INE 335 millones de pesos entre 2026 y 2027.
El contrato del INE será violatorio de las nuevas reglas de inmediato debido a que no hubo artículos transitorios que dieran directriz sobre qué pasaría con ese tipo de instrumentos vigentes. El cuarto transitorio de la reforma indica que el INE revisará y adecuará sus disposiciones normativas, administrativas y presupuestarias para garantizar el cumplimiento del decreto.
Existe una cláusula en la que el INE puede cancelar el contrato, ya sea por falta de presupuesto o por otro tipo de cuestiones legales, como la entrada en vigor del Plan B. Este año existe la suficiencia presupuestal para el pago del seguro, por lo que su cancelación, en caso de darse, sería por la entrada en vigor del Plan B.
El texto del fallo de la licitación señala: “La erogación del recurso para los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027 estará sujeto a la disponibilidad presupuestal que apruebe la Cámara de Diputados y el presupuesto que apruebe el Consejo General del Instituto, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes, cualquier pacto en contrario se considerará nulo”.
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