▲ Tras la aprobación de la reforma judicial, en 2024, se presentaron más de mil recursos para detener la elección popular de ministros y la entrega de fideicomisos de la Corte.
Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y afirmó que continuará con la defensa del sistema de justicia profesional ante intentos de desmantelarlo. La organización señaló que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos y aseveró que cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección.
En un comunicado, la Jufed destacó que el Juicio de Amparo constituye el último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal. “Debilitar estas instituciones no es democratizar la justicia, es dejar a la sociedad en un estado de indefensión”, indicaron. Asimismo, enfatizaron que quienes integran el Poder Judicial de la Federación, tanto en activo como en retiro, no responden a intereses facciosos y que su compromiso ético es con la división de poderes.
La asociación exigió que se atiendan las condiciones en que administran justicia las personas juzgadoras de carrera judicial, así como la necesidad de contar con perfiles experimentados y con habilidades técnicas, sin contaminación partidista. “Cualquier modificación o reforma que no integre estas consideraciones será solamente retórica que no abona a enfrentar los desafíos de la impartición justicia”, subrayaron.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integrarían con personas con experiencia, específicamente con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. También propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renovaran paulatinamente.
Sánchez Cordero consideró esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. En relación con los artículos 95 y 97, la ministra en retiro propuso que para ser ministro de la Corte se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento. Respecto a la renovación de cargos, manifestó: “No se pueden renunciar todos y no pueden quedarse y deben quedarse paulatinamente su renovación”.
En el contexto de la elección de juzgadores prevista para 2027, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios. Consejeras electorales se pronunciaron por el uso de la urna electrónica para el voto en prisiones; sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva.
“Algo que si bien se menciona (en el estudio), pero no queda resuelto, es ¿cómo vamos a promover el voto informado en centros penitenciarios?”, cuestionó Norma de la Cruz. La funcionaria añadió: “si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, esperando que haya una reforma que permita cambiar la fecha del proceso para mejorar la campaña.
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