Ciudad De México, 03 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum publicó, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el paquete de reformas en materia electoral aprobado hace una semana en un periodo extraordinario del Legislativo.
Los cambios constitucionales tienen como objetivo aplazar la elección judicial a 2028. La primera reforma indica que “las Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto y cuyo encargo concluiría en el año 2027, permanecerán en funciones hasta el año 2028, concluyendo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección respectiva”.
Respecto a los nuevos integrantes, el texto del Decreto establece que “el periodo de las Magistradas y Magistrados de Circuito y las Juezas y Jueces de Distrito que resulten electos en la elección que se celebre en el año 2028 conforme al presente Decreto durará ocho años, por lo que vencerá en el año 2036”. Además, la reforma crea dos secciones en la SCJN para resolver asuntos menores y señala que su regulación se emitirá mediante legislación secundaria.
Entre las nuevas disposiciones se encuentra la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, a cargo del INE, ordenándole otorgar el presupuesto suficiente para su funcionamiento para evitar la infiltración del crimen organizado. Instancias como la FGR, el CNI, la UIF y la CNBV establecerán la metodología y criterios para realizar evaluaciones de riesgo y “determinar la existencia de un riesgo razonable a partir del análisis de la información indiciaria”.
Asimismo, los cambios crean una nueva causal de nulidad de comicios por injerencia extranjera. El decreto ordena que “el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto”.
Finalmente, se establece que “el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco normativo para adecuarlo al contenido de este Decreto, antes del 5 de junio de 2026”.
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