Ciudad De México, 02 de julio de 2026.- El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) cesó a 43 abogados a nivel nacional, ocupantes de plazas de analista especializado nivel 27-C correspondientes al área de Trabajo Social. Los despidos ocurrieron entre el 26 y el 30 de junio, las plazas fueron eliminadas y la medida surtió efecto a partir del 1 de julio de 2026.
Los oficios de terminación laboral fueron emitidos por la Dirección General de Recursos Humanos del Órgano de Administración Judicial. Del total de trabajadores despedidos, 39 son mujeres y cuatro hombres, quienes estaban distribuidos en las 31 delegaciones del IFDP. Estos profesionales formaban parte de equipos interdisciplinarios y desempeñaban funciones técnicas especializadas consideradas indispensables para la prestación integral del servicio de asesoría jurídica.
Entre sus funciones, los afectados realizaban investigaciones socioeconómicas para determinar la procedencia del servicio cuando existen dudas sobre la situación económica de los solicitantes. Asimismo, elaboraban dictámenes periciales en materia de trabajo social, estudios sociales e investigaciones de contexto. Su labor incluía identificar condiciones de vulnerabilidad, aportar información técnica para fortalecer la estrategia jurídica, brindar acompañamiento institucional y canalizar a las personas hacia programas y servicios públicos.
Hasta el cierre de la edición del 2 de julio de 2026, el IFDP no se había pronunciado al respecto. No existe información pública que permita conocer si las plazas fueron eliminadas, transformadas o reasignadas, ni se conocen las razones individualizadas que motivaron cada uno de los ceses. Tampoco existe información que permita vincular la medida con conflictos laborales, reclamaciones colectivas o movimientos de protesta por parte del personal perjudicado.
Varios trabajadores promovieron acciones legales para impugnar la terminación de sus nombramientos. En redes sociales circuló un video que documenta el momento en que un representante sindical informa a la base trabajadora sobre la suspensión y el cese de estos 43 trabajadores sociales. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación calificó la situación como “el trato arbitrario”.
About The Author
