Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó la tarde de este lunes 20 de julio de 2026 al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, tras ser detenido el jueves 16 de julio en Ensenada. La medida fue dictada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien libró órdenes de aprehensión contra 25 personas, incluyendo a Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, por los delitos de delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando.
La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio de 2026 a las 22:00 horas mediante videoconferencia ante el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El procedimiento se extendió por más de 30 horas, aunque reportes posteriores indican que duró 40 horas. Durante la sesión, la jueza concluyó que la participación de Ruffo Appel “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló al exmandatario como líder de la organización criminal e identificó la participación de 70 personas físicas, entre representantes aduanales y servidores públicos. La investigación tuvo origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, la cual causó una afectación al erario por más de 4,000 millones de pesos; otras fuentes cifran el daño en 4,456 millones de pesos.
Mientras Ruffo Appel y sus coacusados fueron enviados al Altiplano, los imputados José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur. La FGR informó que la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica el próximo martes 21 de julio de 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política en la detención, asegurando que es producto de una investigación de un año y aclarando que no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que tras estas ocho detenciones aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
Diversos actores han cuestionado el desarrollo del proceso. Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió “un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, criticó que la audiencia inicial se desarrollara “a puerta cerrada, sin prensa, sin público, sin familiares”, exigencia compartida por el PAN que llamó a respetar las garantías constitucionales. Asimismo, Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada consideró que el caso refleja una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.
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