Por Redacción
Washington D.C., 10 de agosto de 2026.- Un cartel con el rostro de Donald Trump y el lema ‘Make America Safe Again’ cuelga en la fachada del Departamento de Justicia de EE.UU., simbolizando un cambio drástico en la institución que tradicionalmente ha sido considerada el miembro más independiente del Gabinete para limitar la interferencia política en asuntos judiciales.
Desde Watergate, los presidentes habían mantenido distancia del Departamento de Justicia, pero Trump ha roto esa supuesta neutralidad. La semana pasada, el mandatario nombró a su exabogado y amigo Todd Blanche como fiscal general, jefe del Departamento de Justicia, consolidando su control sobre el sistema legal.
Blanche, quien se desempeñaba como fiscal general en funciones, asume el cargo que quedó vacante hace cinco meses tras la destitución de Pam Bondi. Bondi fue removida por controversias sobre el manejo de la desclasificación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein y por su enfoque vacilante para perseguir a los enemigos políticos de Trump. Blanche es considerado más leal al presidente que su predecesora.
El nuevo fiscal general tiene un historial estrecho con el mandatario: representó a Trump en el caso de dinero por silencio de Stormy Daniels, donde fue condenado por 34 cargos relacionados con registros comerciales falsificados para ocultar pagos de 130,000 dólares. También estuvo en la defensa del presidente en los casos de conspiración y obstrucción electoral derivados de irregularidades en las elecciones de 2020, así como en el caso de retención de documentos clasificados en la finca Mar-a-Lago.
Además de colocar a Blanche en la cúpula del departamento, Trump ha situado a alrededor de 20 de sus exabogados privados en roles estratégicos para relanzar procesamientos contra sus opositores políticos. Este movimiento se suma al poder judicial que ya ejerce mediante una mayoría favorable en la Corte Suprema, compuesta por seis jueces conservadores, tres de los cuales fueron designados por él.
Blanche fue el estratega detrás de la sentencia de la Corte Suprema de 2024 que otorgó inmunidad a los presidentes por actos oficiales. En su gestión previa como fiscal general en funciones, liberó el último lote de documentos de Epstein, un proceso marcado por irregularidades donde numerosos archivos permanecieron secretos mientras otros revelaban identidades de víctimas. Como parte de sus funciones anteriores, también llegó a un acuerdo extrajudicial.
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