Por Redacción
Ciudad de Mexico, 20 de agosto de 2026.- Existen dudas sobre la detención del testigo que estuvo presente en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Respecto a la captura de Fausto Corrales, circulan versiones encontradas: hay quien dice que con este hecho podría quedar libre de culpa el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, mientras otros afirman que esto reforzará la petición de detención y extradición solicitada por Estados Unidos.
En el ámbito legislativo, el diputado Hugo Erick Flores solicitó licencia a su cargo para dirigir el nuevo partido PAZ, descrito como la versión 3.0 de su Encuentro Solidario y Encuentro Social. Ante los ajustes en curso, se menciona que se ve casi imposible que pueda concretarse alguna solicitud de desafuero.
Simultáneamente, suena el nombre de Sergio Gutiérrez Luna para asumir el relevo en la Sección Instructora. Se ha informado que Gutiérrez Luna ha comenzado a vaciar su oficina en la Mesa Directiva.
En la Suprema Corte, con la vía libre del morenismo para que los ministros decidan el mecanismo de elección de su próximo presidente, falta definir cuántos togados respaldarán a Lenia Batres. De someterse a votación, se requiere el respaldo de cinco votos. Expertos avizoran que será la institución la que saldrá perdiendo debido al desgaste que implica esta disputa por la Presidencia del Alto Tribunal.
Por otro lado, los trabajos de colaboración entre la Semar, encabezada por Raymundo Pedro Morales, y la CIA derivaron en la localización y detención del contralmirante Fernando Farías Laguna. Este oficial regresa a México desde Argentina en condición de deportado para enfrentar la justicia por su probable participación en el delito de huachicol fiscal. Ambas instituciones mantienen una relación de cooperación para facilitar inteligencia y realizar operaciones conjuntas de seguridad orientadas a la captura de líderes criminales.
En materia judicial reciente, el llamado Bloque Negro de la Suprema Corte —integrado por Lenia Batres, Hugo Aguilar, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa y Estela Ríos— resolvió mandar al archivo un asunto relacionado con los derechos de estudiantes con discapacidad, específicamente sobre la Ley de Educación de Durango y los apoyos para alumnos. La ministra Yasmín Esquivel propuso invalidar la norma argumentando que el Congreso duranguense no consultó previamente a las personas con discapacidad. Aunque hubo cinco votos a favor, la mayoría calificada exige seis.
Ante las especulaciones sobre los desenlaces políticos y judiciales, la columna cuestiona: “¿Será?”.
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