Por Redacción
Estados Unidos, 19 de marzo de 2026.- El Departamento de Estado estadounidense implementará a partir del 2 de abril de 2026 nuevas restricciones migratorias que exigen una fianza de $15,000 dólares a ciudadanos de 50 países, incluyendo 12 naciones recién agregadas a este programa. La medida, enmarcada en las políticas más restrictivas de la Administración Trump, busca reducir costos de deportación mediante un mecanismo que ya muestra un 97% de cumplimiento según datos oficiales.
Los doce países recién incorporados al programa son Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Estos se suman a los 38 países que ya estaban sujetos al requisito de fianza, aunque el Departamento de Estado no proporcionó la lista completa de naciones afectadas previamente.
La fianza de $15,000 dólares es reembolsable siempre que el viajero cumpla con los términos de su visa y abandone Estados Unidos dentro del plazo establecido. El gobierno estadounidense justifica la medida señalando que el costo promedio de una deportación asciende a $18,000 dólares, por lo que el nuevo requisito generaría un ahorro estimado de $800 millones anuales para las arcas federales.
El programa de fianzas migratorias ha demostrado efectividad según las estadísticas oficiales, con un 97% de cumplimiento entre los viajeros que ya están sujetos a este requisito. Sin embargo, la expansión a doce países adicionales representa una significativa ampliación de las restricciones bajo la actual administración.
La medida se enmarca en el endurecimiento general de las políticas migratorias de la Administración Trump, que ha priorizado la reducción de la inmigración irregular y los costos asociados a los procesos de deportación. Los criterios específicos para incluir países en este programa no fueron detallados públicamente por el Departamento de Estado.
Analistas anticipan que esta política podría generar tensiones diplomáticas con los países afectados, particularmente con aquellos que mantienen relaciones comerciales y turísticas significativas con Estados Unidos. La implementación coincidirá con el inicio del segundo año de la actual administración, marcando una continuidad en su enfoque restrictivo hacia la migración internacional.
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