Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que las capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp constituyen comunicaciones privadas inviolables y carecen de eficacia probatoria si no cuentan con el consentimiento de las partes involucradas. La resolución, impulsada por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, revocó una sentencia anterior que admitía dichos elementos como prueba en un procedimiento sancionador.
El caso surgió a partir de una denuncia de violencia política en razón de género contra la diputada local con licencia de Morena, Almendra Negrete Sánchez. La acusación se basaba en capturas de conversaciones privadas entre la ciudadana María Emma Zermeño López y un amigo, las cuales fueron aportadas voluntariamente ante notario por uno de los interlocutores. Sin embargo, la Sala Superior rechazó este criterio al considerar que vulnera el derecho a la privacidad.
En su proyecto de resolución, el magistrado De la Mata Pizaña estableció que el uso de comunicaciones privadas en procedimientos sancionadores debe pasar por un estándar reforzado de voluntariedad, trazabilidad y autenticidad. Esto implica que no basta con que una parte entregue el material; se debe garantizar que no ha sido manipulado ni obtenido de manera ilegal, protegiendo así la integridad del secreto de las comunicaciones.
Esta decisión marca un precedente relevante en el sistema judicial mexicano para casos que involucren comunicaciones electrónicas. Hasta ahora, la Sala Regional del tribunal había considerado lícitas las pruebas bajo el argumento de la aportación voluntaria, pero la instancia superior corrigió este enfoque para alinearlos con los derechos humanos digitales y la protección de datos personales.
La determinación del TEPJF tendrá implicaciones en futuros litigios electorales y de violencia política, donde frecuentemente se utilizan mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea como evidencia. Los expertos jurídicos señalan que esto elevará el umbral de admisión de pruebas digitales, obligando a las partes a buscar mecanismos de validación más robustos que una simple captura de pantalla.
Con este fallo, el tribunal busca equilibrar la necesidad de sancionar infracciones electorales con la protección constitucional de la privacidad. Se espera que esta jurisprudencia sea citada en casos similares a nivel federal y local, fortaleciendo la seguridad jurídica de los usuarios de plataformas digitales frente a usos indebidos de su información personal en controversias legales.
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