Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Secretaría de Gobernación dio a conocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determina la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2007 en el estado de Veracruz, en el caso de Ernestina Ascencio.
La Corte IDH estableció que el Estado mexicano vulneró los derechos a la vida y a la salud de la víctima, así como las garantías y protección judicial. La sentencia también reconoce la afectación a la integridad de los familiares y señala la falta de perspectiva de género e interseccionalidad en el manejo del caso.
El caso involucra denuncias de agresión sexual por parte de elementos del Ejército mexicano. Ernestina Ascencio era una mujer indígena de la etnia nahua que falleció en febrero de 2007 en la comunidad de Tepetzintla, Veracruz, tras haber sido atendida por personal militar.
La organización de derechos humanos que llevó el caso ante el sistema interamericano argumentó que existió negligencia médica deliberada y que las autoridades no investigaron adecuadamente las circunstancias de la muerte. Los familiares de la víctima han buscado justicia durante casi dos décadas.
La sentencia de la Corte Interamericana representa un precedente importante para los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas militares en México. El organismo internacional tiene competencia para emitir sentencias vinculantes contra los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos.
El Estado mexicano deberá cumplir con las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte IDH, aunque los detalles específicos de estas medidas no han sido divulgados completamente por la Secretaría de Gobernación. El cumplimiento de sentencias internacionales es obligatorio para los países que han aceptado la jurisdicción de la Corte.
Este caso se suma a otras sentencias de la Corte Interamericana contra México por violaciones de derechos humanos, incluyendo casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura. La sociedad civil mexicana ha solicitado mayor transparencia en el cumplimiento de estas obligaciones internacionales.
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