Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- En medio del debate legislativo por la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, surgieron discrepancias al interior de la coalición oficialista respecto a la posibilidad de empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027. Mientras Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, confió en el respaldo unánime basado en acuerdos previos, dirigentes del Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM) manifestaron preocupaciones sobre la equidad política y la estabilidad institucional que podría generar dicha disposición.
Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, reconoció la existencia de “puntos de vista diferentes” con Morena, específicamente en torno a vincular la revocación con procesos electorales concurrentes. El legislador argumentó que esta medida podría derivar en inequidad política al favorecer al partido en el poder e incluso provocar periodos presidenciales reducidos a solo tres años, lo cual representaría un escenario de inestabilidad para el país.
A pesar de las advertencias, Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT, señaló que hasta el momento el respaldo de su bancada a la enmienda se mantiene firme, conforme a lo definido por la dirigencia nacional. No obstante, la tensión entre la postura institucional y las dudas técnicas persiste, ya que Sandoval indicó que el tema “sigue haciendo ruido” al interior de su fuerza política y que la decisión final sobre la revocación permanece en análisis por parte de los senadores del grupo parlamentario.
Por su parte, Manuel Velasco, coordinador del PVEM, ofreció una perspectiva particular sobre la conveniencia del mecanismo de revocación para la titular del Ejecutivo. El legislador comentó que, si la presidenta le pidiera consejo, le diría que “no es necesario que se someta a la revocación de mandato”, aunque aclaró de inmediato que su partido votará a favor de la reforma tal como fue planteada por el gobierno federal.
Ricardo Monreal, quien impulsa la iniciativa desde la Cámara baja, admitió que existen voces en desacuerdo sobre la revocación y la facultad de autopromoción del Ejecutivo durante el proceso, pero mantuvo su confianza en que el PT y el PVEM honrarán el acuerdo firmado para aprobar el paquete de reformas. La controversia se centra en la modificación al artículo 135 constitucional y otros puntos relacionados con la paridad de género, elementos clave del denominado ‘Plan B’ electoral.
Desde el órgano garante electoral, Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), se refirió al debate destacando como un “punto positivo” la posibilidad de que la presidenta promueva directamente la consulta de revocación. El funcionario consideró que el impedimento actual para que el Ejecutivo haga campaña en este tipo de procesos constituye un “contrasentido democrático”, alineándose parcialmente con la lógica que busca corregir la legislación vigente mediante esta reforma.
El desenlace de estas divergencias se definirá en las próximas sesiones del Senado, donde se espera la votación en el pleno para determinar si la revocación de mandato podrá celebrarse simultáneamente con la renovación de la Cámara de Diputados en 2027, un movimiento que podría reconfigurar el mapa político nacional y la duración efectiva del sexenio en curso.
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