marzo 23, 2026
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Por Redacción

Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentaron los primeros resultados de la aplicación de la nueva Ley General de Aguas, destacando un aumento estimado de 6,300 millones de pesos en la recaudación para este año y la detección de irregularidades en concesiones de agua en varios estados del país.

Durante la conferencia de prensa, la mandataria federal subrayó que el objetivo de la nueva legislación es eliminar los privilegios de los comercializadores privados para garantizar que “todos sean iguales ante la ley”. La normativa, aprobada por el Senado en diciembre de 2025, busca sancionar el acaparamiento, limitar las cuotas de garantía y devolver las concesiones a usuarios directos como municipios y pequeños productores.

Efraín Morales López detalló que, tras un incremento de 3,500 millones de pesos en la recaudación durante 2025, se proyecta un aumento adicional de 6,300 millones para 2026, lo que representa un crecimiento del 21% respecto al año anterior. El funcionario informó que las auditorías han permitido identificar 18 títulos de concesión con 2.8 millones de metros cúbicos sin pago, 10 títulos con registros de sobreexplotación, 42 concesiones operando sin medidor y 10 más con historial de impago.

Entre los casos específicos revelados figura la situación en Querétaro, donde la familia Calzada concentra 628,000 metros cúbicos de agua distribuidos en cinco títulos. Según Morales López, los pozos de uso agrícola de este grupo se destinan para comercializar agua en pipas o abastecer desarrollos inmobiliarios y un club de polo. En el mismo contexto, se mencionó a José Calzada, exgobernador de la entidad, y Mario Calzada, diputado federal del PRI, como involucrados en el caso.

La investigación también sacó a la luz irregularidades en Zacatecas, donde siete títulos originales fueron transformados en 50, generando ganancias de hasta 54 millones de pesos. Por otro lado, en Baja California, los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada han pagado 531 millones de pesos a un distrito de riego en los últimos cinco años. Ante esto, Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, anunció que la entrega de títulos de concesión a dichos municipios asegura el abastecimiento de agua para los próximos 30 años.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, estuvo presente en el evento junto con las autoridades federales. La implementación de la ley marca un cambio en la gestión hídrica nacional, buscando frenar el mercado negro del agua y regularizar el uso del recurso en zonas con estrés hídrico.

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