Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La reunión de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado fue suspendida este lunes a las 18:00 horas, postergando la discusión del llamado ‘Plan B’ de reforma electoral enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La decisión responde a la necesidad de revisar aspectos técnicos relacionados con el límite máximo de regidores, un punto que ha generado discrepancias entre el principio de austeridad promovido por el Ejecutivo y los marcos legales actuales de varios estados.
La iniciativa busca modificar cuatro artículos constitucionales para establecer un tope de 15 regidores en los ayuntamientos. Sin embargo, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, señaló que aplicar este límite uniforme podría provocar un aumento en el número de ediles en estados como Veracruz y Tabasco, donde actualmente los umbrales oscilan entre tres y cinco regidores y síndicos, lo cual contradiría el objetivo de reducir el gasto público.
La controversia se extiende más allá de lo técnico. Miguel Ángel Riquelme Solís, senador por el PRI, acusó que el fin real de la reforma es favorecer al partido en el poder de cara a las elecciones de 2027, una afirmación que contrasta con la postura de la presidenta Sheinbaum, quien ha declarado que la propuesta no busca hacer campaña para Morena y que tal práctica está prohibida. La oposición considera que la iniciativa representa un intento de concentración de poder y un debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE).
Ante la complejidad de conciliar la austeridad federal con las estructuras locales, los legisladores acordaron realizar revisiones técnicas antes de retomar el debate. Hasta el momento, no se ha informado una fecha y hora exacta para la nueva reunión de las comisiones, ni se ha dado a conocer la redacción final del artículo transitorio que resolvería la cuestión del número de regidores.
El ‘Plan B’ también incluye otros puntos sensibles como el cambio en el momento para realizar la revocación de mandato, moviéndolo al tercer año de gobierno, así como la disminución de presupuestos a los congresos locales y al Senado. La falta de consenso sobre estos elementos, sumada a las dudas sobre el impacto en la organización municipal, mantiene estancada la discusión en la Cámara Alta.
La postergación refleja la dificultad del gobierno federal para avanzar con su agenda legislativa en un entorno de polarización, donde cada modificación constitucional es examinada bajo la lente de la conveniencia política y la viabilidad administrativa. Mientras se esperan los resultados de las revisiones técnicas, la incertidumbre sobre el futuro del proceso electoral de 2027 persiste en el ámbito político nacional.
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